El Ministerio de Educación trabaja en las pautas para implementar la normativa en los niveles inicial, primario y secundario, de gestión pública y privada. Las instituciones deberán adecuar sus acuerdos de convivencia con participación de las familias.
Tras su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la Ley N.º 10.913, que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles personales por parte de estudiantes durante la jornada escolar en La Rioja.
La norma, aprobada en octubre por la Cámara de Diputados, alcanza a establecimientos de gestión pública y privada de los niveles inicial, primario y secundario. Su implementación se realizará una vez definidas las pautas específicas que establecerá el Ministerio de Educación.
Para ello, la cartera educativa trabaja junto a equipos técnicos y de gestión de las instituciones en criterios que contemplen las particularidades de cada nivel y modalidad, así como el uso pedagógico de los dispositivos en los casos autorizados por la normativa.
La medida busca promover entornos adecuados para enseñar y aprender, fortalecer la convivencia escolar y concientizar sobre los riesgos asociados a la exposición temprana a las pantallas. La regulación será diferenciada según la edad de los estudiantes, sus necesidades pedagógicas y su grado de autonomía, conforme a la ley, su reglamentación y los acuerdos escolares de convivencia.
Participación de las familias y formación digital
Los establecimientos deberán elaborar o adecuar sus acuerdos de convivencia, con especial protagonismo de las familias, para establecer pautas claras sobre la aplicación de la normativa y el uso responsable de los dispositivos.
El Ministerio también promoverá campañas de información y prevención, programas de formación en ciudadanía digital y espacios de diálogo sobre las problemáticas vinculadas con el uso de tecnologías.
Estas acciones incluirán estrategias para prevenir y abordar situaciones de ciberacoso, violencia digital, difusión no consentida de imágenes, ludopatía y otros riesgos, junto con la participación de las familias en el acompañamiento de las infancias y adolescencias.
Una vez iniciada la implementación, la cartera educativa realizará evaluaciones periódicas para analizar su impacto en los aprendizajes y la convivencia escolar, e introducir los ajustes que resulten necesarios.