El exmandatario fue reubicado tras el escándalo por las comodidades con las que contaba en su anterior reclusión. La medida judicial también derivó en la destitución del jefe del Regimiento Escolta Presidencial.
Tras una serie de fuertes cuestionamientos públicos y políticos por los supuestos privilegios de los que gozaba durante su detención, el expresidente Santiago Peña fue trasladado este lunes a la Prisión Militar de Viñas Cué. El exmandatario ingresó al penal fuertemente custodiado, esposado, con casco y chaleco antibalas, en el marco de un riguroso operativo dispuesto por la Justicia.
La reubicación fue ordenada por el juez Osmar Legal, luego de que se viralizaran imágenes y denuncias sobre las comodidades con las que contaba en el Regimiento Escolta Presidencial —lugar donde cumplía sus primeros días de prisión preventiva—, que incluían un área equipada con máquinas de gimnasio y aire acondicionado.
Repercusiones políticas y militares
El escándalo por la llamada «detención VIP» no tardó en provocar coletazos dentro de la cúpula de las fuerzas de seguridad. Ante la presión generada, el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución inmediata del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José David Daiub, cuyo apartamiento fue confirmado por el Ministerio de Defensa.
Por su parte, el magistrado interviniente estableció estrictas condiciones para la estadía de Peña en Viñas Cué. Entre las disposiciones se ordenó que permanezca recluido en un sector separado del resto de los internos, especialmente de aquellos procesados en la misma causa judicial, y solicitó a las autoridades penitenciarias la presentación de informes detallados sobre los protocolos de seguridad aplicados.
El trasfondo judicial
Santiago Peña se encuentra privado de su libertad en el marco de la investigación penal que investiga el colapso e insolvencia de Ueno Bank y las presuntas irregularidades financieras vinculadas al vaciamiento de la entidad y operaciones con fondos estatales. La causa, que salpica a directivos bancarios y exfuncionarios, continúa su curso bajo la presunción de inocencia mientras la defensa evalúa los pasos procesales a seguir.
