La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) está presidida por el comisario Marcelo Xavier y responde a los intereses de los ruralistas en detrimento de los derechos de los pueblos originarios.
Desde Río de Janeiro
Cada día surgen nuevas y robustas pruebas reforzando la certeza de que desde la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al sillón presidencial la situación de las poblaciones indígenas brasileñas pasó a enfrentar riesgos crecientes. Ya en sus primeras semanas de gobierno la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) no hizo más que implementar una política que, en lugar de protegerlos, actúa radicalmente en contra de sus derechos.
A raíz de la desaparición del respetado indigenista Bruno Araújo Pereira y el igualmente reconocido periodista británico Dom Phillips las atenciones se volcaron, reforzadas, hacia la política implantada por el gobierno. Y con eso su actuación negativa salió a la luz.
Una serie de estudios llevados a cabo por el respetado Instituto de Estudios Socio-Económicos y la asociación de servidores de la FUNAI, Indigenistas Asociados, además de otros investigadores, muestran datos considerados alarmantes.
Queda comprobado que, bajo Bolsonaro, la FUNAI está perfectamente alineada a los ruralistas, en claro detrimento de los intereses y derechos de los indígenas.
De las 39 Coordinadoras Regionales de la FUNAI, solamente dos están encabezadas por servidores públicos con experiencia en el tema. Las otras 37 fueron pasadas a oficiales de las Fuerzas Armadas o de la policía.
Además del corte abrupto de recursos, la institución tiene, desde 2020, más puestos vacantes que profesionales en actividad. Y de los activos, buena parte vino de la policía y de las Fuerzas Armadas, sin experiencia en el sector.
A propósito, el presidente de la FUNAI, Marcelo Xavier, es comisario de la Policía Federal y no tiene ninguna formación relacionada al trato y a los derechos de los pueblos indígenas.
Nombrado por Bolsonaro a pocos meses de su llegada al gobierno, Xavier es señalado como el principal ejecutor de la política anti-indigenista de la FUNAI.
Luego de haber impuesto una política interna de acoso y presión a los servidores de carrera, algunos con más de dos décadas de experiencia, la FUNAI pasó a imponer obstáculos para impedir que su actuación corresponda a lo establecido por ley.
Bruno Araújo Pereira, el indigenista desaparecido desde el pasado cinco de junio, ha sido exonerado del puesto de Coordinador-General de Indígenas Aislados de la FUNAI en octubre de 2019, es decir, a diez meses del estreno de Bolsonaro en la presidencia, por haber cometido algo considerado inadmisible en estos nuevos tiempos vividos en el país: organizó y lideró una exitosa operación que expulsó mineros ilegales de la tierra indígena Yanomami en la provincia amazónica de Roraima.
Por si fuera poco, ordenó operaciones que aprehendieron la mayor cantidad de madera ilegal de la historia brasileña. Entre los involucrados por dar guarida, a base de silencio y omisión, a la actividad de los madereros ilegales estaba el entonces ministro de Medioambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, quien fue denunciado criminalmente.
Tal como anunció en la campaña electoral, Bolsonaro no ha demarcado “siquiera un centímetro” de nuevas áreas de reservas indígenas ya aprobadas anteriormente.
De todo lo que se destroza en velocidad alucinante bajo el actual gobierno, la actuación de la FUNAI tiene características especialmente preocupantes, una vez que más allá de los daños tremendos causados a las comunidades indígenas, sus efectos alcanzan al medioambiente.
La escasa e ineficaz presencia de contingentes de las Fuerzas Armadas en la región ni siquiera sirve de pantalla para el discurso gubernamental de “preservar nuestro patrimonio”.
En la dura realidad lo que se ve es que ese patrimonio – la floresta amazónica incluida – está en menos de invasores ilegales, pescadores ilegales, cazadores ilegales, madereros ilegales y, claro, el narcotráfico, especialmente en la región de la tríple frontera entre Brasil, Perú y Colombia.
La desaparición – y cada vez más previsible asesinato – del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips concentra las atenciones y tensiones por todas partes.
Un comentario amargo y correcto que circula entre los defensores del medioambiente y de los derechos indígenas señala que todo ese rumor y toda esa tensión se deben exclusivamente a un detalle: hay un respetado periodista británico entre las víctimas.
De no ser por eso, sería solamente otra de tantas tragedias ocurridas gracias a la política establecida por el actual gobierno brasileño.
Fuente: ´Página 12