La nueva testigo, respaldada por la familia de Santiago Maldonado, sufrió persecuciones después de su denuncia. La justicia abrió una causa para investigar la persecución pero luego la cerró. Ella ahora está pidiendo la reapertura. También la excluyeron del Programa de Protección a las Víctimas.
La nueva testigo del caso Santiago Maldonado –una profesional civil que declaró que Gendarmería lo detuvo, lo interrogó en la estancia de Benetton y «se les fue la mano»–, acudirá hoy ante la Cámara de Apelaciones en lo Federal de Comodoro Rivadavia para apelar la desestimación de su denuncia por persecución y amenazas de las que afirma haber sido víctima.
Antes y después de aportar su testimonio en la causa por la desaparición y muerte del tatuador anarquista –ocurrida durante la represión de esa fuerza a la comunidad mapuche de Cushamen el 1 de agosto de 2017– ella y su familia fueron blanco de seguimientos, hostigamiento y acciones de inteligencia por parte de sus jefes gendarmes. El fiscal federal Federico Baquioni sobreseyó a los gendarmes al desestimar que haya existido tal acoso, y ahora la mujer –cuya identidad es preservada a pedido de la querella de la familia Maldonado– y su abogado Ismael Jalil exigirán que la causa sea reabierta. Además, Jalil pedirá que la vuelvan a integrar al programa de protección de testigos, tal como establece la Ley de Víctimas. «Plantearemos que sean apartados Baquioni y el juez federal Guido Otranto, que se metió por la ventana y nunca debió haber intervenido en esta causa», dijo el abogado a PáginaI12.
Esta profesional civil de la salud —hija y sobrina de gendarmes, que era referente de género dentro del escuadrón de Gendarmería de Esquel— dijo a este diario que «el primero de agosto del 2017 fue un día especial que me quedó grabado para siempre, comenzaron las situaciones que viví en el escuadrón por un procedimiento realizado en el corte de la Ruta 40». En coincidencia con el quinto aniversario de la desaparición del Brujo, como le decían los mapuches a Maldonado, la mujer reconstruyó la declaración que hizo ante la justicia, el 18 de abril, a la que este diario tuvo acceso.
«Lo que expresé en mi declaración coincide con lo relatado por algunas personas de los pueblos originarios que se encontraron en el lugar del hecho», expresó en esa entrevista, donde detalló lo que padeció por «saber demasiado», describió una maniobra que intentó implicarla y las razones que la llevaron a hablar ante la justicia, el 3 de mayo, frente al fiscal federal Federico Baquioni, a instancias de la abogada querellante Verónica Heredia que representa a la familia de Santiago.
Qué había dicho la testigo
En su declaración, la mujer de mediana edad, nacida en Esquel, que periodísticamente denominaremos «testigo D», brindó un extenso y detallado testimonio. Con precisión de nombres, apellidos, fechas, lugares y circunstancias. Afirmó que en su consultorio varios gendarmes comentaron el operativo del 1° de agosto en la Pu Lof de Cushamen, y dijeron que «había un detenido, se referían a él como el ‘hippie’, lo habían llevado al campo de (Luciano) Benetton», y que querían sacarle información pero «se les fue».
Esta profesional civil de Gendarmería dio su nombre, apellido y datos personales ante la fiscalía. De acuerdo al relato, al día siguiente, el comandante Juan Pablo Escola, segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, le pidió que escondiera en su casa una caja –donde había un arma, celulares y un trapo ensangrentado–, pero ella se negó. En otro tramo de la declaración, dijo que el marido de una enfermera le había comentado que «había recibido un radio encriptado que decía qué hacer con el cuerpo». Y afirmó que el comentario los días siguientes en el escuadrón era que Escola dio la orden y Andrés Ahumada lo mató. Ahumada fue el gendarme que admitió haber entrado armado a la Lof, desmintiendo a los funcionarios de Mauricio Macri.
La familia del tatuador afirma que esta declaración «conecta todas las piezas«, en tanto las fuentes judiciales coincidieron en que si la causa no estuviera paralizada ya habrían acontecido detenciones y allanamientos. La familia insiste en que un nuevo magistrado debe investigar todas las hipótesis, incluida la desaparición forzada, pero la justicia parece no escuchar, a juzgar por el reciente rechazo de la Corte Suprema a sus pedidos.
En noviembre de 2017 fueron difundidos los resultados de la autopsia de Santiago, que mencionaban la ausencia de terceros en su muerte. La junta de peritos encabezada por el Cuerpo Médico Forense y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que analizó las causas de la muerte de Santiago Maldonado concluyó en forma unánime que se ahogó y sufrió un cuadro coadyuvante de hipotermia en las aguas del Río Chubut. En aquel momento, los Maldonado afirmaron que las conclusiones del estudio del cuerpo dejaba los principales interrogantes abiertos, entre ellos la data de defunción.
Testigo en peligro
La Ley de Víctimas reformó un artículo del Código Procesal Penal que dice que desde el comienzo y hasta la finalización de una causa hay que proveerle seguridad a la víctima y a sus familiares. «Esta causa no terminó, está abierta la instancia, y ese artículo obligaba al juez a esperar al cierre del proceso para quitarle la protección», agregó Jalil, mientras se resguardaba del intenso viento patagónico y veía pasar dos vehículos de Gendarmería. «Ya se enteraron que estamos acá, qué rápidos son», comentó.
La testigo D había relatado que en su trabajo la empezaron a llamar “zurdita” y que le advirtieron «que era una testigo clave porque estaba sabiendo mucho, que le tenían que cerrar la boca, y que se cuidara». A mediados de octubre de 2017 detectó seguimientos. Cuatro años más tarde se mudó de provincia y fue pasada a disponibilidad. Ante el peligro que implicaba el seguimiento de personal de Inteligencia de Gendarmería sobre la testigo, el fiscal Baquioni gestionó la protección de algún programa del Estado.
Luego de que Baquioni le tomara declaración a «D», el juez Otranto dijo que había conexidad con la causa Maldonado pero luego se arrepintió y dividió lo aportado por la testigo en dos casos. Lo referido a Santiago lo envió al expediente principal por su desaparición y muerte. En tanto, las denuncias por el acoso y persecusión sufridas por la mujer indicó que sean investigadas por Baquioni. A los tres meses fueron desestimadas, sobreseyeron a los jefes de Gendarmería acusados, y le quitaron la protección de testigos. «Quedó desguarnecida y con un proceso interno abierto adentro de la fuerza, por la Ley de Víctimas antes de cerrar la causa tendrían que haberle informado, claramente la idea fue que llegue su testimonio devaluado a la causa Maldonado», interpretó Jalil. «No investigaron nada, no preguntaron nada sobre un tipo que hacía inteligencia, sólo buscaron desacreditar a la denunciante», agregó.
Fuente: Página 12