Los hechos de violencia sucedieron en el marco de los traslados no informados ejecutados por el Gobierno nacional y del estado de excepción declarado en esta semana.
Al menos dos presos murieron y seis policías resultaron heridos este jueves en el marco de una escalada de la violencia a causa de la crisis carcelaria que atraviesa al país, en medio de una disputa narco y de la respuesta militarizada por parte del Gobierno. Los hechos sucedieron en la mayor cárcel de Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador. En esta semana, el presidente Guillermo Laso declaró el estado de excepción en Guayas y en Esmeralda, dos de las provincias en donde hubo atentados y represión, en donde también se vieron afectados las y los familiares de los detenidos.
«La estrategia de traslado de las cabecillas la mantuvimos a cabalidad. Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas: en este país no van a imponer su voluntad. Aquí estamos para hacerles frente y proteger a los 18 millones de ecuatorianos que merecen vivir en paz», argumentó Lasso.
Una fuente del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que pidió no ser identificada dijo que los uniformados fueron atacados a balazos y con explosivos cuando ingresaron a los pabellones de la penitenciaría Guayas 1, donde se enfrentan los reclusos, informó la agencia de noticias AFP. El SNAI, además, señaló en un comunicado que reclusos «responden con violencia contra servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, inclusive con el uso de granadas».
Con el apoyo de policías y militares, el SNAI inició el traslado de presos de la penitenciaria Guayas 1, controlada por organizaciones del narco, hacia otros centros de reclusión para reducir el hacinamiento, según dicen las autoridades nacionales. El organismo nacional penitenciario, no obstante, sostuvo que los ataques se deben a «acciones emprendidas para la reducción del hacinamiento, que contemplan mejoras en la infraestructura y fortalecimiento de la seguridad» en los centros y señaló que los responsables de los ataques son presos «integrantes de grupos de delincuencia organizada-«. Aunque, se sabe que la crisis carcelaria que acecha al país desde hace años -incluso registrada por la CIDH– indica que el hacinamiento es en todos los centros penitenciarios.
La penitenciaría Guayas 1, la más poblada de Ecuador con casi 6.900 personas y en la que cada pabellón está controlado por un solo grupo criminal, es uno de los escenarios de las cruentas masacres producidas en el país desde febrero de 2021, con unos 400 presos muertos.
Una medida cautelar ante la CIDH
Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos y de familiares presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las «múltiples vulneraciones de derechos humanos de las familias de las personas privadas de la libertad», en una carta que está firmada por madres, esposas, hijas y hermanas.
«Exigimos a la CIDH vele por los derechos de nosotros familias que somos las únicas en el Ecuador que se preocupan por la dignidad de las personas en prisión», escribieron desde el Comité de Familiares por la Justicia en Cárceles. Y marcaron, sobre todo, el impacto «diferenciado» que tiene la crisis carcelaria en las mujeres: «Es notorio y lo evidenciamos cuando vemos quienes exponen su cuerpo, rostro, vida incluso sustento económico en todo esto, porque somos defensoras de derechos humanos que nos amenazan y violentan día a día», indicaron.
Además, catalogaron como «insuficientes» las políticas de rehabilitación social construida, las asistencias técnicas realizadas y todas las acciones a largo plazo sostenidas en Ecuador para proteger a las personas en prisión. «Estado no tiene el control de las cárceles», denunciaron y declararon que, por eso, no tiene la capacidad de garantizar la vida de las personas detenidas.
El comunicado está firmado también por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos; y por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de su Libertad.
Fuente: El Destape