El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumplirá este miércoles un mes en el poder, período en el que debió enfrentar un intento golpista de la ultraderecha y empezó a desandar sus primeras políticas sociales. El Parlamento brasileño inaugurará este miércoles una nueva legislatura y elegirá nuevas autoridades con una composición conservadora que puede dificultar los planes económicos del líder progresista.
De arranque, un intento golpista
Lula asumió el primero de enero la presidencia por tercera vez, luego de haber gobernado entre 2003 y 2010, y lo hizo en medio de protestas de activistas de ultraderecha que exigían un golpe para mantener en el poder al exmandatario Jair Bolsonaro, quien dos días antes había viajado a Estados Unidos, donde aún permanece. Si bien la partida de Bolsonaro y la gran fiesta popular de la investidura parecían haber desalentado a los golpistas, el domingo ocho de enero la ultraderecha gestó un violento ataque contra los tres poderes de la nación.
En hechos que aún se investigan, pero en los que se presume que hubo complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas, miles de activistas ocuparon y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema. La más grave agresión a la democracia brasileña desde el golpe de Estado de 1964 dejó cerca de 1.800 detenidos, de los cuales un tercio continúa en la cárcel.
Lula, quien recibió el apoyo de toda la comunidad internacional, fue firme frente al golpismo y promovió algunos cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas dirigidos a expulsar al bolsonarismo. El efecto buscado por esa minoría radical terminó siendo un búmeran que desarticuló a la ultraderecha y llevó a sectores conservadores más moderados a respaldar la pacificación política propuesta por el líder progresista.
Este martes Lula comparó la situación de la residencia presidencial, que tiene goteras, cristales rotos y pisos y muebles deteriorados, con el estado en que quedó el Palacio de Planalto tras el intento de golpe. En ese marco el mandatario apuntó que en las elecciones de octubre del año pasado, las fuerzas democráticas «derrotaron a un presidente», por Bolsonaro, pero afirmó que «todavía no han derrotado al fascismo que está impregnado en la cabeza de muchos brasileños».
El acento social y la tragedia yanomami
La violencia vivida en aquellos días no impidió, sin embargo, que Lula mostrara el acento social que pretende imprimirle a su gestión. Renovó un plan de subsidios que atiende con unos 600 reales (300 dólares) mensuales a unas 40 millones de personas en situación de pobreza y abrió un amplio diálogo con la sociedad civil a fin de que colabore en la formulación de políticas sociales.
Además el presidente mostró su cara más humana después de que el ministerio de Salud develara una gravísima situación humanitaria en el territorio de los yanomamis: desnutrición, malaria, altas tasas de mortalidad y ríos contaminados con el mercurio usado por mineros ilegales que pasaron a operar en esa región amazónica alentados por Bolsonaro.
Lula viajó a la tierra yanomami y decretó una «emergencia sanitaria»,al tiempo que ordenó una investigación sobre lo que cree que puede constituir el delito de «genocidio». En esa línea, la Corte Suprema determinó este lunes que la justicia analice la posible responsabilidad de funcionarios del gobierno de Bolsonaro y su supuesta «omisión» ante la crisis de los yanomanis.
Una diplomacia intensa
Lula también cumplió su promesa de que Brasil «vuelva al mundo», luego de haber estado virtualmente aislado por la carga ideológica que Bolsonaro le imponía a su política exterior. El nuevo presidente hizo sendas visitas oficiales a Argentina y Uruguay, que incluyeron el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), concretado en la cumbre celebrada en Buenos Aires.
Sea durante su investidura o en el marco de la Celac, Lula se reunió en su primer mes con 15 mandatarios extranjeros, la mitad de los que Bolsonaro encontró durante cuatro años en el poder. También reactivó las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas por Jair Bolsonaro por sus diferencias ideológicas con Nicolás Maduro, y viajará a Estados Unidos el 10 de febrero.
Parlamento renovado
Este primer mes de gobierno no ayudó a despejar todas las dudas en torno a su política económica, que en parte dependerá del respaldo de un Congreso que se instalará este miércoles, con mayoría conservadora. El Ejecutivo de Lula se comprometió a proponer una reforma tributaria que imponga una carga mayor a los más ricos y a modificar leyes que limitan el gasto público para ampliar la inversión social, así como a diseñar una nueva política industrial que permita mayor generación de empleos.
Frente al cuadro conservador que presenta la nueva composición que salió de las urnas en octubre pasado, Lula ya hizo algunas concesiones a partidos de centro y de la derecha más moderada en el Congreso, a fin de minimizar el poder del bolsonarismo más radical en el Parlamento. Entre su gabinete, de 37 ministros, incluyó a dirigentes de los partidos Movimiento Democrático Brasileño, Unión Brasil y Social Democrático, todos del espectro conservador y que en su momento hasta coquetearon con Bolsonaro.
Con ese movimiento, Lula pretende sumar votos tanto en Diputados como en el Senado y reducir la influencia del Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro y se aseguró en las elecciones de octubre las primeras minorías en ambas cámaras. El PL, además, enfrenta la amenaza de una fractura interna luego de la asonada golpista del ocho de enero.