Para la querella el puesto de docente en el Instituto de Seguridad Pública porteño (ISSP) es «totalmente incompatible» con su función judicial. Dijeron que el ISSP «es un aguantadero» que dependía del ministro D´Alessandro, que apenas dejó su puesto se consiguió un cargo de profesor. Audiencia para alquilar balcones y nuevo pedido de apartamiento.
«De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral» del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, «es totalmente incompatible con la función judicial», advirtió Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, en la audiencia por la segunda recusación planteada contra la jueza a cargo de la causa del intento de magnicidio. «El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes«, señaló, luego de recordar que el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de quien dependía ese organismo, se consiguió una designación como profesor allí apenas se tomó licencia en el cargo tras el escándalo de los chats donde habla de fallos de su interés con un colaborador del supremo Horacio Rosatti. El otro punto crítico que expuso el letrado y que completó José Manuel Ubeira, es que Capuchetti no investigó hasta ahora la responsabilidad de la policía porteña, también bajo órbita de D’Alessandro, en el ataque a CFK, pese a que tenía desplegados gran cantidad de agentes de la zona de su casa ese día y los previos.
Razones para recusar
El posible interés de Capuchetti en la causa que le toca investigar sobre el ataque a la vicepresidenta y la falta de imparcialidad dado que «asesora a un órgano político» del gobierno porteño fueron el eje de la exposición de la querella para pedir su apartamiento de la causa. Es la segunda vez que la recusan. La primera, los abogados señalaron un sinfín de irregularidades y demoras en la investigación. Pero el camarista Leopoldo Bruglia rechazó el planteo, que ahora está a estudio de la Cámara de Casación Penal. El mismo juez deberá decidir por el nuevo pedido. Este jueves dirigió la audiencia en la que sólo estuvieron Aldazabal y Ubeira, quienes se quejaron de las «lastimosas páginas» de respuesta a su recusación, en la que no explicó qué tareas cumple en el ISSP, ni la autorización «de superintendencia» para ejercer esa función. Sólo habló de que desempeña «actividades académicas». El propio instituto había emitido un comunicado donde decía que trabaja allí desde 2014 y que se dedica a la docencia. Su última designación, de comienzos de este mes, es como «investigadora senior». Los abogados dijeron que no tiene antecedentes para ese cargo y que el único trabajo que se le atribuye como tal es sobre erradicación de la violencia contra las mujeres. «No lo encontramos en ningún lado», dijeron.
«La señora jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada«, estalló Ubeira en la sala de audiencias. «No importa el monto. Si se lo pagaba el Rotary Club me importa un rábano», agregó. «Pero la jueza recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo y debe ser investigado. Y que genera toda la estructura previa que facilitó el atentado», remarcó Ubeira, en relación al operativo de la policía porteña montado en los alrededores de su domicilio en Juncal y Uruguay. También sostuvo que le llamaba la atención que habiendo hecho un trabajo sobre violencia contra las mujeres llevara la causa con parsimonia y omisiones, más aún teniendo en cuenta que hubo un pronunciamiento del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do para de la OEA que señaló «repudio y preocupación» por el intento de magnicidio contra CFK.