Sólo es superado por el precio del AMBA, la zona más subsidiada. La importancia de la intervención del Estado en las empresas de servicios públicos.
El boleto de colectivo interurbano en La Rioja cuesta $47. Es la provincia con el servicio de transporte público de pasajeros más accesible de la Argentina y que contiene a un sector sensible de la sociedad, siempre haciendo equilibrio en la bisagra de la pobreza y la clase media. Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más subsidiada, el precio del boleto es algo más bajo, entre $35 y $48.
Contrariamente a la lógica que impone la densidad demográfica que supone que, a mayor cantidad de habitantes, más económico es el transporte ya que la cantidad de demanda sostiene la economía de esas empresas, La Rioja, una de las provincias menos pobladas del país consigue sostener el boleto más accesible, seguido por Ushuaia donde cuesta $48.
Además, la discrecionalidad subsidiaria influye directamente en esta brecha. Un informe de la consultora Politikon Chaco, reveló que entre enero y septiembre de 2022 el Gobierno destinó $129.931,6 millones a las provincias por el Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias. De ese total, 78,1% fue al AMBA ($101.492,2 millones) y el resto se repartió entre las demás jurisdicciones, según consigna Infobae.
Pese a esa diferencia en los subsidios y la baja densidad poblacional, el gobierno de La Rioja, liderado por Ricardo Quintela, optó por un concepto de Estado de bienestar que se basa en un capitalismo moderado donde la intervención y administración estatal de las empresas de servicios públicos impacta directamente en el bolsillo de la población, controlando así los precios y pudiendo lograr un servicio moderno y eficiente.
En este caso es Rioja Bus, una empresa antes deficitaria que fue recuperada en el inicio de esta gestión de gobierno para ponerla al servicio de la comunidad trabajadora y la sociedad toda, es la que se suma a compañías, como Edelar S.A. y Aguas de La Rioja, entre tantas otras, en las que se aplica el concepto de estatizar el sistema empresarial de servicios para evitar que los índices macroeconómicos negativos del país socaven aún más el delicado bolsillo de los ciudadanos.