«La mayoría de las víctimas no había hecho la denuncia judicial por temor, por desconfianza”, explica el abogado Pablo Garciarena, integrante de la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos que visitó Perú en los últimos días.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina aterrizó en Perú hace unos días. El informe preliminar publicado después de la visita y las entrevistas con organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas trajeron a la luz lo que miles de manifestantes denuncian en las calles: el gobierno de Dina Boluarte mantiene medidas represivas contra las movilizaciones populares.
“Hay una respuesta del Estado peruano frente a la protesta social que es absolutamente abusiva, desproporcionada, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos que se manifiestan”, explicó el abogado Pablo Garciarena de la Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos XUMEK. El grupo viajó a los principales puntos de la protesta social en Perú: Ayacucho, Juliaca, Ica, Cusco y Lima.
En la región de Ayacucho, ubicada al sur del país, investigaron lo ocurrido en la masacre del 15 de diciembre de 2022 cuando terminaba una movilización pacífica que recorrió el centro hasta llegar al aeropuerto donde las fuerzas públicas iniciaron la represión.
Nueve personas murieron ese día y una más murió el 21 de diciembre después de varios días de hospitalización. Además, tres de las víctimas ni siquiera estaban participando en las manifestaciones. Christopher Ramos Ayme, tenía 15 años, trabajaba en el cementerio que está ubicado frente al aeropuerto cuando le dispararon por la espalda.
Edgar Prado Arango era vecino de la zona. Aunque no estaba participando en las movilizaciones, Edgar se acercó para asistir a los heridos cuando le dispararon. Raúl García Gallo, de 35 años también fue asesinado ese día.
En el informe preliminar la Misión de Solidaridad Internacional reveló que los familiares de las víctimas reciben amenazas anónimas. Son criminalizados y revictimizados por el gobierno nacional y regional. Esta retórica es ampliada por los medios de comunicación y tiene como resultado el temor de las familias a acercarse y brindar su testimonio.
“Las muertes de sus familiares no sólo ha afectado emocional y psicológicamente, sino que ha empeorado su condición económica ya que todas las familias son de sectores populares que viven en condiciones precarias. En ninguno de estos casos el Estado ha brindado contención”, subrayan en el informe preliminar.