La sentencia llegó en abril de 2014, luego de 12 años, y estableció condenas de entre 10 y 22 años para los acusados.
Hoy se cumplen 23 años de la desaparición de María de los Ángeles «Marita» Verón, una joven de 23 años vista por última vez el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán.
Aquella mañana, Marita salió de su casa para asistir a una consulta médica, pero nunca regresó.
Su madre, Susana Trimarco, convirtió su incansable búsqueda en un símbolo de la lucha contra la trata de personas.
El caso
Marita era estudiante de abogacía y vivía con su familia en San Miguel de Tucumán. Al notar su ausencia, su entorno denunció la desaparición a la Policía, pero la respuesta de las autoridades fue tardía y poco efectiva. Con el paso del tiempo, sus familiares y amigos comenzaron a sospechar que había sido víctima de un delito grave. Ante la inacción oficial, iniciaron su propia investigación y presionaron a la Justicia para obtener respuestas.
Con el correr de los meses, la familia descubrió que Marita había sido secuestrada y vendida a una red de trata de personas. Las pruebas y testimonios recopilados, en gran parte gracias a la incansable labor de Susana, permitieron avanzar en la causa y exponer un entramado de explotación y corrupción.
Las condenas
Tras años de investigación y lucha judicial, en abril de 2014 se dictaron las condenas contra diez acusados, con penas de entre 10 y 22 años de prisión.
Sin embargo, la sentencia no quedó firme hasta abril de 2017, cuando la Sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir sus penas.
Los principales condenados fueron:
- Daniela Milhein: 18 años de prisión por retención y ocultamiento agravado con fines de explotación sexual.
- Alejandro González: 18 años de prisión como coautor del mismo delito.
- José Fernando y Gonzalo Gómez: 22 años de prisión por su participación en la retención forzosa de Marita.
- Domingo Andrada: 17 años de prisión, acusado de reclutar víctimas para prostíbulos.
- Carlos Alberto Luna y Azucena Márquez: 17 y 15 años de prisión, respectivamente, por administrar los prostíbulos donde eran explotadas las víctimas.
- Humberto Derobertis, Paola Gaitán y Mariana Bustos: Entre 10 y 12 años de prisión por su complicidad en la retención y explotación de mujeres.
Impacto y legado
El caso de Marita Verón conmocionó a la sociedad argentina y puso en evidencia la existencia de redes de trata de personas, así como la corrupción e ineficiencia de las autoridades judiciales y policiales.
También generó un movimiento de solidaridad con su familia y con otras víctimas de este flagelo.
Como respuesta, Susana creó la Fundación Marita Verón, que hasta la fecha ha rescatado a más de 100 mujeres víctimas de trata. Además, fue una pieza clave en la sanción de la Ley 26.364, y su posterior modificación mediante la Ley 26.842, destinadas a la prevención y sanción de la trata de personas.
Actualmente, Susana y su nieta Micaela, quien tiene hoy la misma edad que tenía su madre al desaparecer, continúan la lucha por encontrar a Marita y por erradicar la trata de personas en Argentina.