La Corte registró una baja en víctimas directas, pero organizaciones feministas advierten que el recorte judicial no cuenta toda la violencia. El 3 de junio, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles volverán a concentrarse frente al Congreso.
A pocos días de una nueva movilización por Ni Una Menos, el debate sobre la violencia de género vuelve al centro de la escena pública con una pregunta incómoda: ¿bajaron los femicidios o cambió la forma de contarlos?
El último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, marcó una reducción en las víctimas directas registradas en causas judiciales. Pero organizaciones feministas y funcionarias provinciales advierten que la lectura lineal puede dejar afuera otras formas de violencia extrema.
Según el relevamiento judicial, en 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, frente a las 228 informadas en 2024. La baja interanual fue de 28 casos, equivalente al 12,3%. Si se suman las 19 víctimas de femicidio vinculado, el total asciende a 219 víctimas letales de violencia de género investigadas por la Justicia.
El dato aparece en un contexto político cargado: el Gobierno de Javier Milei desmanteló áreas nacionales vinculadas a género, recortó programas y mantiene un discurso que las organizaciones consideran regresivo frente a los derechos conquistados. Por eso, de cara al 3 de junio, distintas agrupaciones preparan una nueva jornada de protesta frente al Congreso bajo la consigna: “Ni Una Menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.
La disputa por las cifras
El punto central está en el método. La Corte mide causas judiciales iniciadas por muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, con información aportada por las distintas jurisdicciones judiciales. Es un registro institucional, anual y sujeto al avance de expedientes.
El Observatorio Lucía Pérez, en cambio, trabaja con una base más amplia y de actualización diaria: femicidios, transfemicidios, travesticidios, tentativas, desaparecidas, crímenes en investigación, infancias huérfanas y otros padrones de violencia patriarcal. En su informe 2025 registró 271 femicidios y transfemicidios.
Claudia Acuña, directora del Observatorio, sostuvo que la baja reflejada por la Corte debe leerse con cautela. “Definitivamente entendemos que esa baja se relaciona con la persistencia y el trabajo social que se viene llevando a cabo en la provincia. Las cifras están estables. Se ha dificultado mucho para quien hace las estadísticas solo a través de medios de comunicación porque cerró Télam”, planteó.
Acuña advirtió que muchos casos pierden visibilidad si no llegan rápido a los medios nacionales o si no se reconstruyen a través de redes locales. También cuestionó los recortes que solo contemplan vínculos de pareja o expareja.
“Muchas veces se toma como las cifras de los femicidios solo a las parentales como novios o parejas. No contabilizan los femicidios territoriales, los narco femicidios. El sesgo de los datos está dado por cómo hacen el corte. Todos los gobiernos anuncian que bajan los femicidios”, remarcó.
La crítica al Gobierno nacional
La ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, vinculó la reducción informada por la Corte con la baja registrada en la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que la violencia extrema sigue siendo una problemática grave.
“Los femicidios, en la mayoría de los casos, ocurren en el marco de relaciones sexoafectivas y no son una competencia directa del Estado nacional. La política pública consiste en prevenir, investigar y articular el trabajo entre los distintos organismos y poderes del Estado”, señaló.
Díaz cuestionó con dureza el rumbo nacional. “La Nación vació áreas, desfinanció programas, estigmatizó a las víctimas e incluso planteó eliminar la figura de femicidio. Nada de eso puede contribuir a reducir la violencia de género; todo lo contrario”, sostuvo.
La funcionaria bonaerense también advirtió que las tentativas y las consultas por situaciones de violencia muestran señales de alerta.
“Los intentos de femicidio y la violencia extrema en las relaciones interpersonales están creciendo. Lo que también tenemos en PBA son alertas más tempranas y mejores mecanismos de intervención. Aunque haya bajado el número de femicidios, sigue siendo una cifra que nos desafía profundamente”, afirmó.
Las calles y las víctimas
El miércoles 3 de junio, organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles, sociales y de la diversidad volverán a concentrarse frente al Congreso.
La convocatoria se discutió en una reunión realizada en la sede de la CTA Autónoma, con participación de Mujeres Que No Fueron Tapa, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, autoconvocadas por justicia por el triple lesbicidio de Barracas, estudiantes de Sociales de la UBA, gremios de las CTA, organizaciones peronistas, trabajadoras de la economía popular y agrupaciones de izquierda.
Entre los reclamos aparece el rechazo al proyecto conocido como “falsas denuncias”, impulsado por la senadora radical Carolina Losada, que las organizaciones consideran un intento de disciplinar a quienes denuncian violencia. “El proyecto de Carolina Losada no puede salir”, advirtió Myriam Bregman en una reunión de comisión en Diputados.
La discusión también se sostiene en historias concretas. Marcela Sorrentino, hermana de Macarena Sorrentino, recordó que se cumplieron dos años de la muerte de Macarena y de su hijo León, de 6 años, en La Matanza.
Según relató, Macarena había denunciado durante al menos dos años situaciones de violencia de género y su exmarido, Pedro Fernández, tenía una restricción perimetral vigente. “No puede decirnos que no hubo intención cuando existían antecedentes de violencia, denuncias previas y una situación de extrema vulnerabilidad”, dijo.