Amnistía Internacional denunció que el protocolo ha disparado la represión estatal y los ataques a la prensa, con un aumento del 77% en las detenciones arbitrarias.
A dos años de la implementación del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional (AI) denunció que más de 2.500 personas resultaron heridas en manifestaciones producto de la represión policial y advirtió sobre la escalada represiva por parte del Estado.
Denominada oficialmente como Resolución 943/2023, el protocolo establece que cualquier corte de circulación es considerado un delito, habilitando desalojos y detenciones sin la necesidad de una orden judicial. Esta medida, según advierte AI, contraviene los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, abriendo la puerta a un escenario de violencia estatal sistemática.
“La escalada represiva es innegable y refleja un grave retroceso en la libertad de expresión”, declaró Paola García Rey, directora adjunta de AI Argentina, quien subrayó que la violencia estatal se ha naturalizado, funcionando como una herramienta de intimidación para desincentivar la participación social.
El informe resalta cifras alarmantes, como el aumento del 77% en las detenciones arbitrarias entre 2024 y 2025, que ya contabilizan 1.341 personas heridas y 165 detenidas solo en el último año. En total, entre 2024 y 2025, al menos 2.557 personas fueron víctimas de represión por parte de las fuerzas de seguridad, con el uso desproporcionado de balas de goma, gas lacrimógeno y golpes físicos. Cuatro casos de pérdida ocular permanente a causa de disparos de balas de goma resaltan la gravedad de la situación.
La represión no ha sido dirigida solo a manifestantes, sino también a la prensa. Un total de 184 periodistas resultaron heridos, varios de ellos detenidos arbitrariamente mientras cubrían protestas. AI denuncia que estos ataques buscan crear un efecto silenciador, inhibiendo tanto el derecho a la protesta como el derecho a informar.
Uno de los casos más dramáticos fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir un impacto de un gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. El hecho provocó que la Justicia identificara y procesara al gendarme responsable del disparo, lo que muestra, en opinión de AI, una reacción judicial tardía frente a una problemática recurrente.
Con el objetivo de frenar lo que consideran una violación a los derechos humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones están impulsando una acción de amparo ante la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según las organizaciones, el Estado argentino debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional.