Mientras en Estados Unidos se debate entre retroceder 50 años o avanzar hacia la plena garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en México la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos interpuestos por los estados de Baja California y Aguascalientes contra un reglamento –vigente desde 2009– que permite a adolescentes de 12 a 17 años, que fueron víctimas de violación, acceder a la interrupción legal del embarazo sin el permiso de sus padres ni orden judicial.
El presidente del máximo tribunal mexicano, Arturo Zaldívar, avaló la norma que declara constitucional la práctica del aborto para personas de entre 12 y 17 años, víctimas de abuso sexual, que así lo solicitasen en los hospitales públicos. «En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado ni por sus padres, madres o tutores», sostuvo el magistrado durante la sesión.
Según el reglamento, la persona afectada puede acceder a su derecho de interrumpir el embarazo firmando una declaración jurada; una decisión que además no requiere el consentimiento de la mamá o el papá de la víctima. Distinto es el caso de las infancias –menores de 12 años–, que necesiten realizar un aborto, ya que se requiere el permiso de los progenitores.
Zaldívar defendió esta normativa argumentando que es «una respuesta rápida y eficaz» para garantizar los derechos de las mujeres. «Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación, implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género», remarcó.
El magistrado recordó durante la sesión el caso de una chica de 14 años de Baja California que, en 1999, fue violada por dos hombres y producto del abuso resultó embarazada. En ese momento, el Código Penal de la Nación ya autorizaba el aborto en casos como ese. No obstante, el gobierno local y los jueces no se lo permitieron, obligándola a llevar a término la gestación, pese a que tanto ella como sus padres habían solicitado el procedimiento. El caso fue retratado en una excelente crónica de Elena Poniatowska en su libro, La herida de Paulina.
Los estados que impugnaron las modificaciones hechas al reglamento, en 2016, argumentaban que intervenía en los derechos de los padres e invadía competencias estatales en materia penal.
El fallo judicial que sentó un precedente en México
Hasta el momento, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero son los ocho estados mexicanos que han despenalizado el aborto voluntario.
El avance por los derechos de salud sexual y reproductiva en México tuvo un histórico fallo emitido por la Suprema Corte, en septiembre de 2021, que prohibió al estado de Coahuila a criminalizar la interrupción del embarazo por parte de mujeres y personas gestantes. El máximo tribunal obligó a modificar el código penal local para impedir castigar con prisión (de 1 a 3 años) a las personas que deseen realizar un aborto.
«Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo», señaló el ministro de la Corte y autor del proyecto, Luis María Aguilar.
Si bien el fallo no despenalizó el aborto en todo México, impulsó la aplicación del mismo criterio en todos los jueces y dejó abierta la posibilidad a que los demás estados cambien sus legislaciones locales. «A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta», emitió el organismo en un comunicado.
En América Latina la interrupción del embarazo es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Guyana y Colombia. Por su parte, en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, las mujeres y personas gestantes que deciden abortar –o que necesitan hacerlo porque su vida corre peligro– deben enfrentar la mirada punitiva del Estado, pagando con la privación de su libertad.
Fuente: Página 12