Manuel Adorni pidió una prórroga para presentar las explicaciones y la documentación requeridas por la Justicia en la investigación sobre la evolución de su patrimonio. La defensa del exjefe de Gabinete también solicitó acceder a la totalidad de las pruebas incorporadas al expediente antes de responder los interrogantes formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
El planteo fue realizado cuando se acercaba el vencimiento del plazo de 15 días fijado para contestar el requerimiento de justificación patrimonial. Ahora deberá resolverse si se concede la extensión solicitada y bajo qué condiciones deberá concretarse la presentación.
La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo y con intervención de Pollicita, investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento no implica una declaración de culpabilidad, sino una instancia prevista para que Adorni explique movimientos, adquisiciones y gastos que, según el análisis fiscal, todavía no cuentan con una justificación suficiente frente a los ingresos comprobados.Referencia geográfica
Las 20 preguntas que deberá responder Adorni
La intimación contiene 20 puntos vinculados con la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período en que el exfuncionario ocupó cargos en la administración pública nacional.
Entre los aspectos bajo análisis aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, operaciones consignadas como “venta de activos”, préstamos atribuidos a familiares, movimientos bancarios, consumos con tarjetas y acreditaciones no salariales.
La Fiscalía también pidió explicaciones sobre operaciones inmobiliarias, la adquisición y remodelación de propiedades, la compra de un vehículo y distintos pagos efectuados en efectivo o mediante terceras personas.
Otro de los ejes se concentra en la operatoria con criptoactivos. Los investigadores buscan determinar el origen del capital utilizado, la trazabilidad de las operaciones y su correspondencia con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Adorni había informado una tenencia de 565.000 dólares bajo el concepto “venta de activos”. La Justicia procura establecer qué activos fueron vendidos, cuándo se concretaron esas operaciones y cuál fue el recorrido de los fondos.