En un hecho sin precedentes, la marina de los Estados Unidos y la aviación británica realizaron tareas de control y ejercicios militares con flota de propulsión nuclear en una franja del Atlántico Sur, declarada como Zona de Paz y Cooperación por Naciones Unidas en el marco del reclamo argentino de soberanía por Malvinas y el archipiélago.
El hecho fue advertido y denunciado por la provincia de Tierra del Fuego como una “flagrante violación” a los acuerdos internacionales resueltos en el marco de la disputa por la soberanía de los territorios de ultramar argentinos. Además, se alertó sobre las posibles consecuencias ambientales que podría tener un accidente en la zona.
El despliegue militar fue confirmado por el propio Comando de Fuerzas Submarinas del Atlántico estadounidense, que a través de Twitter precisó que en esa región de ultramar navegó el USS Greenville (SSN 772), un submarino de propulsión nuclear que cuenta en su historial con tres accidentes. En uno de ellos (2001), chocó contra un buque pesquero japonés, lo hundió y provocó la muerte de 9 tripulantes.
En la misma publicación reconoce que las tareas fueron realizadas en colaboración con aviones británicos y lo celebra de una manera desprejuiciada: “Nuestras Fuerzas Submarinas dependen de alianzas y asociaciones para disuadir la agresión marítima, defender nuestros intereses nacionales y dominar el dominio submarino”, según dijo el titular de esa fuerza norteamericana, el vicealmirante Daryl Caudle.
A pesar de que la información dice que el submarino navegaba por aguas internacionales, la gravedad de la confirmación de tareas militares conjuntas -que claramente tuvieron el visto bueno de Washington y Londres- enciende varias alertas. No solo implica la «violación» de los acuerdos de paz en el marco del conflicto por la soberanía de Malvinas sino que también deja abierta la posibilidad de que la flota angloestadounidense haya ingresado a espacios marítimos soberanos argentinos.
Si esto fuera así, “sería un hecho sin precedentes en nuestra historia” e implicaría “un acto de extrema gravedad para todos los estados de la región”, subrayó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.