CTERA convocó a una huelga nacional de 24 horas para el lunes 3 de agosto, mientras los sindicatos educativos de la CGT preparan acciones en escuelas de todo el país. Reclaman la reapertura de la paritaria nacional, aumentos salariales y la restitución de fondos educativos.
El conflicto educativo volverá a impactar en las escuelas de todo el país desde el comienzo de agosto. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional de 24 horas para el lunes 3, mientras que los gremios docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT) pondrán en marcha un plan de protestas que se extenderá durante todo el mes.
Aunque ambas acciones comenzarán el mismo día y comparten buena parte de los reclamos, se trata de medidas diferentes. CTERA realizará una huelga nacional, mientras que las organizaciones educativas de la CGT anticiparon que inicialmente avanzarán con trabajo a reglamento, actividades informativas, volanteadas y movilizaciones, sin convocar a un paro propio.
El eje central de la protesta es la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Los sindicatos reclaman una actualización del salario mínimo del sector, que permanece en $500.000 desde hace un año, además de mayor inversión pública y la restitución de partidas eliminadas o discontinuadas por el Gobierno nacional.
Qué reclama CTERA para levantar el paro
La huelga fue aprobada por un congreso de CTERA y afectará a establecimientos educativos de distintas jurisdicciones del país. La organización cuestionó el ajuste presupuestario, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la falta de respuestas del Gobierno ante las demandas del sector.
Entre los principales reclamos aparecen la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, un incremento salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El gremio también exige una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
A esos planteos se suma el rechazo a una eventual reforma del sistema jubilatorio docente y al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.
La medida del lunes 3 de agosto será así el primer paso de una nueva etapa de conflictividad después de las vacaciones de invierno y podría afectar el reinicio de las clases en varias provincias.
La CGT prepara protestas durante todo agosto
En paralelo, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), anunciará su propio cronograma de acciones.
La presentación formal se realizará el lunes a las 14 en la sede de la central obrera, ubicada en Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los sindicatos alineados con la CGT anticiparon que el plan se extenderá durante todo agosto y buscará visibilizar el deterioro salarial y la falta de inversión en el sistema educativo.
Entre las medidas evaluadas figuran el trabajo a reglamento, clases informativas para explicar la situación del sector, volanteadas, semaforazos y distintas actividades en establecimientos educativos y espacios públicos.
El esquema tendría como cierre una movilización frente al Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las fechas y modalidades de cada protesta serán detalladas durante la conferencia de prensa.
A diferencia de CTERA, los gremios educativos cegetistas decidieron no comenzar esta etapa con una huelga. La estrategia apunta a desplegar medidas escalonadas mientras continúa el reclamo para que el Gobierno convoque a una negociación salarial nacional.
El debate por la educación como servicio esencial
La discusión también está atravesada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece que la educación debe garantizar un 75% de actividad mínima durante una huelga por ser considerada un servicio esencial.
Los sindicatos cuestionan esa disposición porque consideran que restringe el derecho a realizar medidas de fuerza. Su aplicación al sector educativo fue suspendida cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74, aunque el Gobierno apeló la decisión.
Este escenario influyó en la estrategia de los gremios de la CGT, que analizan el riesgo de posibles sanciones si avanzan con una huelga nacional sin respetar los niveles mínimos establecidos por la normativa.