El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) enfrenta un panorama alarmante para el próximo año. Según datos oficiales, las partidas destinadas a la prevención y combate de incendios sufrirán una caída real superior a los 70 mil millones de pesos, encendiendo las alarmas de expertos y organizaciones ambientales.
El presupuesto proyectado para el año 2026 sitúa al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en una situación de extrema vulnerabilidad. Tras un breve incremento durante el ciclo anterior, los fondos destinados a esta área estratégica se han desplomado, consolidándose como el segundo presupuesto más bajo en términos reales de los últimos diez años.
De acuerdo con un análisis realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la reducción presupuestaria respecto al año pasado supera los 70 mil millones de pesos al ajustar los valores por inflación. Esta desinversión se traduce en una caída real del 71,6%, lo que impacta directamente en la capacidad operativa del organismo encargado de coordinar la respuesta ante emergencias ígneas en todo el territorio nacional.
Prevención en riesgo
Especialistas en la materia advierten que la falta de recursos afecta principalmente a las políticas de prevención. Matías Cena Trebucq, economista de FARN, destacó la importancia de invertir en acciones preventivas antes de que se inicien los focos de incendio. «La mejor inversión es usar el dinero antes de que se den los incendios», señaló el experto, subrayando que la escasez de fondos dificulta la estabilidad laboral de los brigadistas, la mejora de sus salarios y el mantenimiento de equipamiento crítico.
Un retroceso institucional
La participación del SNMF dentro del presupuesto total nacional también muestra una tendencia decreciente preocupante: de representar el 0,032% en 2023, se estima que apenas alcanzará el 0,014% en 2026. Este recorte ocurre en un contexto de crisis climática global, donde la frecuencia e intensidad de los incendios forestales requieren, por el contrario, un fortalecimiento de las capacidades de respuesta estatal.
Sin partidas que aseguren la compra de insumos, capacitación y contratos estables, el sistema federal de manejo del fuego queda supeditado a la emergencia, dejando de lado la planificación necesaria para proteger los ecosistemas y las comunidades más expuestas.