El fenómeno de los préstamos informales con tasas abusivas atraviesa un crítico escenario en la provincia. Ante este panorama, referentes del ámbito legal advierten que se trata de una profunda problemática social que afecta principalmente a sectores vulnerables como jubilados, pensionados y trabajadores de la administración pública.
Los operativos de los prestamistas ilegales suelen apoyarse en la necesidad económica de los ciudadanos, implementando metodologías de cobro coactivas y exigiendo la firma de documentos que dificultan la defensa legal de los afectados. Al respecto, se detalló el modus operandi habitual: «Te hacen un préstamo, te hacen firmar un documento como pagaré, que tiene una acción ejecutiva, con dos condiciones básicas: no importa por qué fue creado, y con que la firma de la persona que está impuesta allí, sea la ejecutada, es la que importa», expuso en MEDIOS RIOJA, el abogado Christian Matzkin.
Si bien las medidas gubernamentales recientes establecen un plazo de gracia de 180 días para renegociar las condiciones financieras, los especialistas aclaran que esto no anula las obligaciones de pago preexistentes. «El Estado a través del gobierno establece un paréntesis de 180 días, eso no significa que la gente deje de deber, sino que se genere un acuerdo, un formato entre el prestamista y aquel que hizo uso de ese préstamo a fines que esas tasas usureras combinen un plan de pago, dentro de una órbita común, con tasas más cercanas a lo normal», indicó sobre esta tregua administrativa.
Asimismo, aconsejó mantener canales de diálogo: «No dejen de pagar, traten de llegar a una negociación con el acreedor porque el acreedor, sigue siendo acreedor siga siendo usurario o no».
En el plano judicial, existen herramientas vigentes para frenar los abusos, como la posibilidad de solicitar la apertura de juicios ordinarios que exijan el origen de los fondos reclamados bajo la Ley del Consumidor. Sin embargo, se remarca la necesidad de la participación activa de las víctimas mediante denuncias formales ante los organismos competentes para permitir el avance de las investigaciones penales. Sobre esto, enfatizó: «La figura de la usura está en el artículo 165 bis del código penal, hace 105 años. No estamos descubriendo nada nuevo, estamos pidiendo a la gente que es víctima de estos delincuentes, que vayan a los organismos naturales que son la justicia, Ministerio Público Fiscal o cualquier juez de jurisdicción en la Provincia».
Matzkin reportó 33 casos de usura denunciados desde el año pasado hasta la fecha, incluyendo uno especialmente grave que involucra a un efectivo policial en actividad que ya se encuentra detenido.
En cuanto a las causas en trámite, los registros de estudios jurídicos locales acumulizan decenas de expedientes recientes, incluyendo casos de extrema gravedad que involucran a miembros de fuerzas de seguridad en actividad. Ante situaciones de hostigamiento o amenazas por parte de prestamistas, las autoridades reiteran la importancia de recurrir a la vía judicial para garantizar la protección de los derechos ciudadanos.