Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, dialogó con MEDIOS RIOJA y advirtió sobre una «crisis humanitaria» en el sector. La brecha entre los haberes mínimos y el costo de vida real empuja a cientos de adultos mayores a una situación de vulnerabilidad extrema.
La situación de los adultos mayores en Argentina ha alcanzado un punto crítico. Según el último informe presentado por Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, la canasta básica necesaria para que un jubilado lleve una vida digna alcanzó en marzo los 1.800.000 pesos, una cifra que contrasta drásticamente con los haberes que percibe la mayoría del sector, que rondan los 400.000 pesos.
«Estamos atravesando una crisis humanitaria», sentenció Semino durante su exposición, donde subrayó que la metodología utilizada para este cálculo no es una medida de pobreza, sino un estándar histórico que utiliza el INDEC para determinar el costo de vida real en las grandes urbes del país, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.
Un sistema al límite
El defensor fue tajante respecto a las consecuencias de este desfasaje económico: el hambre. Según sus estimaciones, cada mes mueren entre 200 y 400 personas mayores a causa de las carencias extremas derivadas de la falta de recursos para cubrir necesidades básicas.
Ante este panorama, la realidad del jubilado argentino se aleja del concepto de «retiro». La necesidad de subsistencia obliga a una gran parte de la población mayor a insertarse nuevamente en el mercado laboral, buscando empleos informales o precarios, a menudo a costa de su propia salud física.
El cuello de botella judicial
Además de la urgencia económica, existe una deuda institucional acumulada. Semino señaló que hay cerca de 60.000 juicios previsionales que permanecen estancados en la Corte Suprema de Justicia. Estos expedientes representan años de lucha judicial de personas que reclaman la correcta actualización de sus haberes, un proceso que, en muchos casos, se prolonga más allá de la expectativa de vida de los propios demandantes.
El informe vuelve a poner el foco en la necesidad de una reforma que no solo atienda la coyuntura inflacionaria, sino que devuelva el carácter de «seguridad social» a un sistema que hoy, lejos de proteger a los adultos mayores, los mantiene en una lucha constante por la supervivencia.