Más de 30 proyectos quedaron agrupados en dos iniciativas que buscan responder al crecimiento de la morosidad. La oposición intenta reunir los votos para debatirlas antes de fin de año y apunta a las deudas con bancos, tarjetas y billeteras virtuales.
La oposición prepara una nueva ofensiva en la Cámara de Diputados para avanzar con un programa de alivio destinado a las personas endeudadas. El objetivo es llevar al recinto antes de fin de año una serie de medidas que permitan eliminar intereses punitorios, reducir tasas y extender los plazos de pago.
Los más de 30 proyectos presentados sobre endeudamiento familiar fueron agrupados en dos iniciativas. Una está dirigida a los casi seis millones de personas que registran atrasos, mientras que la otra busca alcanzar al universo completo de endeudados, estimado en alrededor de 20 millones.
Los votos todavía no están garantizados y tampoco existe una fecha confirmada para la sesión. Sin embargo, las bancadas opositoras comenzaron a negociar con sectores provinciales y diputados radicales para intentar destrabar el tratamiento.
Qué proponen los proyectos para aliviar las deudas
Los textos que se encuentran bajo análisis comparten tres objetivos principales: eliminar los intereses punitorios, obligar a los acreedores a extender los plazos y establecer tasas que resulten compatibles con la capacidad de pago de cada hogar.
Las propuestas no plantean que el Estado cancele o asuma las deudas privadas. La intención es crear procedimientos de renegociación que involucren a los deudores, los bancos, las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros.
Uno de los textos presentados en la Cámara de Diputados es la denominada Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados. La iniciativa crea un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal para facilitar la renegociación de obligaciones de consumo mediante un procedimiento administrativo gratuito.
El proyecto contempla las deudas originadas desde el 10 de diciembre de 2023 que se encuentren en situación de mora. Incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y compromisos relacionados con servicios o bienes esenciales, pero excluye los créditos hipotecarios, prendarios y las obligaciones vinculadas con actividades empresariales.
Para acceder, el servicio de la deuda deberá representar al menos el 30% del ingreso disponible del hogar. Ese límite baja al 20% para personas en situación de vulnerabilidad, como quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, cobran una jubilación mínima, están desempleadas o integran hogares monoparentales con menores a cargo.
Suspensión de punitorios y planes de hasta 60 meses
Una vez admitido el pedido, el proyecto establece la suspensión temporal de las ejecuciones judiciales y los mecanismos extrajudiciales de cobro. También frena el cobro de intereses punitorios y cargos por mora e impide que se agrave la calificación crediticia del solicitante durante la negociación.
El plan resultante no podrá comprometer más del 30% del ingreso disponible o del 20% en los hogares vulnerables. Además, no podrá incluir punitorios y tendrá un plazo máximo de 60 meses, salvo que la persona endeudada solicite expresamente una extensión.
Si se alcanza un acuerdo, los acreedores deberán eliminar la inscripción correspondiente de los registros de morosidad. Si no existe consenso, la autoridad de aplicación podrá determinar administrativamente una propuesta de reestructuración, aunque esa decisión podrá ser revisada por la Justicia.
La oposición busca los votos para abrir el debate
El camino parlamentario todavía presenta obstáculos. Para avanzar, la oposición deberá reunir quórum en una sesión especial y emplazar a las comisiones controladas por el oficialismo para que emitan dictamen.
Según la información parlamentaria disponible, el primer intento podría realizarse durante septiembre, después de la sesión prevista para el 26 de agosto. Las conversaciones apuntan especialmente a los bloques provinciales que anteriormente acompañaron al Gobierno en votaciones clave.
En paralelo, la oposición pretende discutir la distribución entre las provincias de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos. También permanecen en carpeta la prórroga de la emergencia en discapacidad, un aumento para jubilados y la continuidad de las PASO.
Casi 20 millones de personas accedieron a algún crédito
El último informe de inclusión financiera registró que 19,5 millones de personas tenían algún crédito en el sistema financiero ampliado en junio de 2025. Esa cifra incluye entidades bancarias y proveedores no financieros.
El deterioro continuó durante 2026. En mayo, el coeficiente de mora de las financiaciones a las familias llegó al 12,8%, con un crecimiento interanual de 8,3 puntos porcentuales, de acuerdo con el Banco Central.