La medida apuntó a «secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega» de la mercadería.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanar el Ministerio de Capital Humano en el marco de la medida cautelar que obliga a la cartera a repartir las seis mil toneladas de alimentos retenidas en galpones.
Según consta en la orden judicial, la medida apuntó a «secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega» de la mercadería.
Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que, en el marco del allanamiento, se entregó un «back up de la computadora del director de logística de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo».
La orden dispuesta por el magistrado contra la cartera que conduce Sandra Pettovello fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.
«Entre los elementos presentados se encuentran los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos», indicó Capital Humano.
Y agregó que también se facilitaron a la Justicia «las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios».
«Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales», indicó Capital Humano a través de un comunicado.
Manifestó la cartera que «está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos» y recordó que «presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para defender la división de poderes, marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Ejecutivo».
La causa se inició por una denuncia penal que el dirigente de Frente Patria Grande Juan Grabois presentó contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios.
«Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente», publicó Grabois en redes sociales tras hacerse pública la medida de Casanello.