«La policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia», adelantó la entidad sobre el relevamiento que presentará a autoridades nacionales y provinciales.
La organización Amnistía Internacional (AI) determinó que la policía provincial de Jujuy cometió «detenciones arbitrarias» e hizo un «uso ilegal de la fuerza para reprimir la protesta social», durante las movilizaciones realizadas por comunidades indígenas en junio pasado contra la reforma constitucional en esa provincia.
Así quedó expuesto en un informe elaborado por AI y cuyas síntesis fueron difundidas este jueves en un comunicado.
«La policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia», anticipó AI sobre los hallazgos preliminares del estudio que presentará a autoridades y comunidades.
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, sostuvo que la organización concluyó que la Policía de Jujuy «respondió con uso de fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos», luego de que en esa provincia se aprobara una nueva Constitución «sin consultar a la población y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios».
La investigación -reveló Pique- deja ver «cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña no ejerza su derecho a protestar pacíficamente».
El informe surge de la visita de una delegación de Amnistía Internacional entre el 25 y 29 de septiembre último a la ciudad de San Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques en la provincia gobernada por Gerardo Morales.
Allí se entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
Además, se solicitó reunión con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, las cuales aún no se pudieron concretar.
Télam