El abogado querellante en la causa por presuntos apremios ilegales Nicolás Mercado denunció haber sido intimado por la Justicia riojana para abstenerse de realizar declaraciones públicas sobre el expediente, una medida que calificó como “un desatino más de la Justicia” y que, según sostuvo, busca impedir que se conozcan las irregularidades en la investigación.
El letrado explicó que el viernes fue notificado por correo electrónico de una resolución del juez de Instrucción que hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se abstenga de brindar declaraciones a los medios que puedan afectar el desarrollo de la causa. A su entender, la decisión responde al malestar de la Fiscalía porque las entrevistas periodísticas dejaron en evidencia la demora y la falta de avances en la investigación.
En ese sentido, criticó que algunas medidas de prueba se hayan dispuesto de manera tardía. Como ejemplo, mencionó un allanamiento realizado diez días después de los hechos para buscar bolsas de consorcio que, según la denuncia, habrían sido utilizadas durante los presuntos apremios. “Si hay personal capacitado para hacer desaparecer pruebas es precisamente el personal policial”, afirmó.
También cuestionó que la investigación continúe en manos del fiscal de La Colina, al considerar que está ejerciendo facultades que, según la normativa vigente, corresponden al juez de Instrucción. Explicó que el Ministerio Público Fiscal puede solicitar informes y recibir declaraciones, pero esas actuaciones deben ser posteriormente ratificadas por el juzgado.
El abogado sostuvo que la causa ya cuenta con elementos suficientes para avanzar, ya que están individualizados los presuntos responsables, identificado el lugar donde habrían ocurrido los hechos —una comisaría— y constatadas las lesiones denunciadas por las presuntas víctimas.
Por último, afirmó que la repercusión mediática permitió sacar a la luz procedimientos policiales que, según denunció, durante años permanecieron sin investigación por la supuesta inacción de fiscales y jueces. En ese marco, cuestionó el uso del hábeas corpus en la jurisdicción y sostuvo que, cuando la Policía informa la existencia de un sumario contravencional, esos planteos suelen quedar sin efecto. Según manifestó, en este caso se habría recurrido al Código Contravencional para justificar una detención después de que se advirtiera que las personas habían sido demoradas de manera ilegal.