A más de ocho años de la tragedia que conmocionó al país, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos inicia hoy las audiencias para determinar las responsabilidades penales de los altos mandos navales en la pérdida del navío y sus 44 tripulantes.
Este martes 3 de marzo de marzo marca un hito judicial para los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. En la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, se da inicio al juicio oral y público que busca esclarecer las causas y negligencias que llevaron al hundimiento del submarino de la Armada Argentina en noviembre de 2017.
El proceso tiene como principales imputados a ex altos mandos de la Armada, quienes enfrentan cargos por estrago culposo agravado por el resultado de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio. Según la instrucción de la causa, se investiga si el estado de la unidad era el adecuado para la misión encomendada y si existió una cadena de decisiones erróneas que ignoraron las alertas previas de fallas técnicas.
Los ejes del debate
El tribunal deberá analizar miles de fojas de evidencia y escuchar cientos de testimonios, entre los que se destacan expertos internacionales y miembros de la fuerza. El foco estará puesto en la última comunicación del submarino, donde se reportó un principio de incendio en el balcón de baterías, y las acciones posteriores tomadas por el Comando de la Fuerza de Submarinos y el Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
Para las familias de las víctimas, que actúan como querellantes en la causa, este juicio representa la culminación de una lucha incansable por la verdad. «No buscamos venganza, buscamos justicia para que lo que les pasó a nuestros hijos, padres y hermanos no vuelva a repetirse nunca más en las fuerzas armadas», señalaron voceros de los familiares en las horas previas al inicio de la jornada.
Un escenario de alta complejidad
El juicio se desarrolla bajo una fuerte custodia y con una gran atención mediática nacional e internacional. Dada la complejidad técnica de la prueba, que incluye el análisis de las imágenes obtenidas por la empresa Ocean Infinity al hallar el casco a 900 metros de profundidad, se estima que las audiencias se extiendan durante varios meses.
La sentencia de este tribunal no solo dictará el destino de los procesados, sino que también sentará un precedente histórico sobre la responsabilidad de los mandos jerárquicos en la gestión de recursos estratégicos y la preservación de la vida del personal militar en tiempos de paz.