En una nueva medida alineada con el proceso de desregulación y simplificación fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derogó el régimen de información que obligaba a los argentinos a declarar todas las operaciones económicas con personas o entidades extranjeras.
La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5752/2025, firmada por el titular del organismo, Juan Pazo. La norma elimina de forma definitiva las resoluciones generales 3.285 y 3.364, ambas del año 2012, implementadas durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La Resolución General 3.285/2012 establecía la obligación de informar toda operación económica, sin importar su naturaleza o si implicaba contraprestación, entre residentes en el país y agentes del exterior o sus representantes.
Más tarde, la Resolución General 3.364/2012 actualizó los procedimientos, plazos y herramientas informáticas del régimen, con el objetivo de hacer más eficiente el control de las relaciones económicas internacionales de los contribuyentes argentinos.
Ambas resoluciones fueron derogadas en forma completa, aunque desde ARCA aclararon que su vigencia se mantiene para hechos ocurridos durante su aplicación.
La medida de ARCA responde al Decreto 353/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo encomendó al organismo avanzar con la simplificación de los regímenes de información, fiscalización y otros sistemas bajo su órbita.
Desde el entorno del Ministerio de Economía explicaron que este tipo de decisiones buscan eliminar burocracia innecesaria, reducir costos para el contribuyente y facilitar la actividad económica en el marco de una administración más ágil y moderna.
Con esta resolución, los residentes argentinos ya no estarán obligados a informar ante ARCA las transacciones que mantengan con sujetos o entes del exterior, sean estas comerciales, financieras, de servicios, o incluso gratuitas.
La medida impacta en sectores como el comercio internacional, inversiones, remesas, asesoramiento profesional y otros rubros donde se establecen relaciones contractuales entre residentes y no residentes. Si bien el régimen ya no rige hacia el futuro, las operaciones anteriores a 2025 seguirán sujetas a control, en base a las disposiciones vigentes en su momento.