Desde hace más de una semana, el Gobierno chavista cortó el suministro de energía eléctrica y agua de la embajada, donde están asilados seis dirigentes políticos opositores al presidente Nicolás Maduro.
El representante argentino ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, denunció hoy al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro por “el asedio” a la embajada en Caracas en la que se encuentran asilados desde marzo seis dirigentes opositores.
Desde hace más de una semana, el Gobierno chavista cortó el suministro de energía eléctrica y agua de la embajada, que hoy se erige bajo bandera de Brasil luego de la expulsión en agosto pasado de la delegación diplomática argentina.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”, sostuvo Oyarzábal, quien es además el embajador argentino en Países Bajos.
El diplomático también advirtió sobre el “asedio” a la embajada en Caracas “por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro».
Estas seis personas son colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, y el Gobierno de Maduro sospecha que se encargan de planificar acciones “terroristas”.
Oyarzábal solicitó a la CPI, con sede en La Haya, que actúe “con determinación» para juzgar los “crímenes de lesa humanidad” que le atribuye al Gobierno venezolano.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía”, señaló.
Según señaló, “desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”.
«Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado”, consideró Oyarzábal.
Al respecto, aseguró que las “detenciones arbitrarias” y los “tratos inhumanos” requieren investigaciones “rigurosas”.
“La impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, concluyó.