La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) de Neuquén presentaron este lunes un amparo judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de que la Justicia declare la inconstitucionalidad de gran parte de la ley y suspenda su aplicación.
El recurso fue presentado ante el Juzgado Federal de Neuquén y lleva la firma de Carlos Quintriqueo, secretario general de ambas organizaciones en la provincia, con el patrocinio del abogado Juan Kairuz.
En la presentación judicial, los gremios solicitaron además una medida cautelar urgente para que la normativa quede suspendida hasta que exista una sentencia definitiva sobre su validez constitucional.
El planteo judicial contra la reforma laboral
La demanda apunta contra la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, que introdujo cambios en distintos aspectos del régimen laboral.
Según el escrito presentado por las organizaciones sindicales, la reforma vulnera derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y la protección social.
En ese sentido, el amparo sostiene que la norma “implica una regresión histórica en materia de derechos laborales” y que desmantela parte del sistema de protección construido durante décadas en la legislación argentina.
Los puntos cuestionados por los sindicatos
En el documento judicial, ATE y la CTA-T enumeran varios aspectos de la ley que consideran problemáticos.
Entre los principales cuestionamientos señalan que la reforma:
- Elimina derechos laborales consolidados
- Restringe la libertad sindical
- Debilita los mecanismos de negociación colectiva
- Reduce las indemnizaciones por despido
- Permite pagar sentencias laborales en cuotas
Según el planteo sindical, estas modificaciones vulneran el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales, reconocido tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales incorporados al sistema jurídico argentino.
El escrito sostiene además que cualquier reforma que implique un retroceso en la protección laboral debe atravesar un “escrutinio judicial estricto”, algo que —según argumentan— no ocurre con la nueva normativa.
El vínculo con el DNU 70/2023
Otro de los argumentos incluidos en la demanda es que la reforma laboral reproduce en gran parte el contenido del Título IV del DNU 70/2023, el mega decreto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional al inicio de la gestión.
Ese capítulo, referido a cambios en la legislación laboral, ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que constituye —según los sindicatos— un antecedente relevante para el análisis judicial de la nueva ley.
Diferencias con el amparo presentado por la CGT
La acción judicial presentada por ATE y la CTA-T se diferencia de la iniciativa que impulsó días atrás la CGT.
En ese caso, la central sindical solicitó suspender solo dos artículos de la reforma laboral, vinculados a la transferencia de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.