En sintonía con el compromiso de profundizar las respuestas del Estado ante esta problemática, este martes se llevó a cabo en la Legislatura provincial una importante reunión de trabajo impulsada por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja, la Secretaría de la Mujer y Diversidad, la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y la vocal jueza del TSJ, Dra. Gabriela Asís.
Durante el encuentro, se presentó el Protocolo de Intervención ante situaciones de violencia en razón del género en la Provincia de La Rioja, un documento que propone pautas de actuación comunes y articuladas para los tres poderes del Estado. El protocolo busca fortalecer el abordaje integral de las situaciones de violencia de género en todo el territorio provincial, promoviendo la aplicación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas.
El protocolo contempla un marco normativo amplio que incorpora tratados internacionales y leyes nacionales y provinciales, y establece lineamientos claros para garantizar derechos fundamentales de las víctimas, como el acceso a la justicia, a la salud integral, a medidas de protección efectivas y a intervenciones sin revictimización.
Además, el protocolo incluye procedimientos específicos para cada ámbito de intervención —salud, seguridad, justicia— y promueve la articulación interinstitucional y el trabajo interdisciplinario. Según los datos provinciales expuestos durante la jornada, entre 2015 y el primer semestre de 2024 se atendieron 6.488 personas en situación de violencia de género en La Rioja, destacando un 50 % más de casos catalogados como de alto riesgo.
La vocal jueza Dra. Gabriela Asís destacó que el protocolo “constituye una herramienta fundamental para dotar de mayor eficacia y coherencia a las intervenciones institucionales”, y subrayó la importancia de “construir un sistema de respuesta estatal articulado, centrado en los derechos de las víctimas y en la prevención de las violencias”.
En tanto, entidades como la Secretaría de la Mujer trabajaron en este avance, como un proyecto provincial que apuesta a la transversalización de la perspectiva de género y a consolidar dispositivos de atención y protección más accesibles y eficaces.
Información del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina
Este 3 de junio, al cumplirse diez años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos, se realizaron distintas actividades en distintas ciudades de la Argentina para renovar el reclamo de una vida libre de violencia y exigir políticas efectivas de prevención, protección y justicia.
En ese marco, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que reveló que en 2024 se contabilizaron 247 víctimas letales de violencia de género en el país: 228 víctimas directas de femicidio (220 mujeres cis y 8 mujeres trans/travestis) y 19 víctimas de femicidio vinculado. El informe señala que, en promedio, hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de violencia letal cada 36 horas.
El estudio también muestra que en el 86 % de los casos existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor; en el 54 % eran parejas o ex parejas; y que el 48 % de los casos presentaban antecedentes de violencia previa. Además, al momento del hecho, al menos 96 víctimas tenían a cargo a 204 niñas, niños y adolescentes.
Capacitación en “Ley Micaela” en la Función Judicial de La Rioja
En cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desarrollo en el 2021 un plan de capacitación y sensibilización en género y violencia contra la mujer, destinado a integrantes de las cinco circunscripciones judiciales.
La iniciativa, impulsada por el presidente del TSJ, en ese momento, Dr. Luis Brizuela, comenzó con una primera etapa desarrollada entre el 31 de mayo y el 9 de junio de 2021, dirigida a magistrados, magistradas, secretarios y secretarias. Posteriormente se completó con otras etapas para funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, a través de módulos teóricos y prácticos en modalidad virtual.
Los capacitadores del programa contaban con certificación oficial como replicadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y participaron en las distintas etapas de la formación.