El juez Alexandre de Moraes ordenó la detención tras detectar un intento de “romper la tobillera” y un riesgo de fuga usando la vigilia de apoyo de su hijo.
La orden de prisión preventiva contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ejecutada este sábado en Brasilia, se justificó en un intento del exmandatario por manipular su sistema de monitoreo electrónico. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó que Bolsonaro intentó quitarse o romper la tobillera electrónica que portaba, lo que indicó un riesgo de fuga inminente.
La decisión del magistrado se basó en el informe del Centro de Monitoreo Integrado, que detectó una «violación del equipamiento» a las 00.08 de la hora local.
En el auto judicial, De Moraes señala que la violación confirmaba la intención de Bolsonaro de «romper la tobillera» para asegurar el éxito de una fuga, facilitada por el tumulto que provocaría una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.
El juez relator del proceso también hizo hincapié en la «repetición del modus operandi» del expresidente, que consiste en movilizar a sus simpatizantes para generar confusión. Además, citó como antecedentes que otros miembros del círculo íntimo de Bolsonaro ya han huido al exterior para evadir la justicia, incluyendo a los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.
Defensa apela y denuncia «riesgo de vida»
Pese a que Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares, sus abogados expresaron «profunda perplejidad» por la prisión preventiva. Adelantaron que presentarán un recurso ante el Supremo, argumentando que la detención «pone en riesgo su vida» debido a las secuelas de la puñalada de 2018 y otros problemas de salud.
Los letrados criticaron que la decisión se base en el posible tumulto de una «vigilia de oraciones», asegurando que la Constitución garantiza el derecho de reunión y la libertad religiosa.
La prisión preventiva no se trata del inicio de la ejecución de la pena de 27 años de cárcel que Bolsonaro recibió en septiembre, sino de una medida para garantizar el orden público y la ley penal hasta nuevo aviso.