El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó hoy el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura en Chile, a días de cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, perpetrado el 11 de septiembre de 1973, mientras que familiares de víctima destacaron a Télam que es la primera vez que un Gobierno asume la «búsqueda de verdad y justicia».
“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde estuvo junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990).
El plan se refiere a la «desaparición forzada, de manera sistemática y permanente» y buscar responder a las «obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales», informó la presidencia en su página web.
El también llamado Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia tiene tres objetivos; «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada».
El anuncio se hizo además en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto.
«Es primera vez que un presidente de la República, desde el año 90, asume desde la institucionalidad una conducta de búsqueda de verdad y justicia. Yo lo saludo con mucha satisfacción. Me parece que es muy importante lo que hoy día ha ocurrido», dijo a Télam la diputada oficialista Lorena Pizarro, quien fue además presidenta (2003-2022) de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la principal organización de este tipo en Chile.
«No es solo la búsqueda -como alguna vez se intentó hacer- de destino final, sino que esto significa hacerse cargo del contexto en que ocurrió, de quién planificó el secuestro, el exterminio, dónde estuvieron hasta el último momento de vida de cada uno de nuestros familiares, y busca conocer el nombre de los responsables. Es algo que no había ocurrido», detalló Pizarro.
La referente también destacó la voluntad del Gobierno de que estas acciones sean «permanentes».
«Siempre en Chile conocimos la existencia de comisiones que se instalaban por algún tiempo y luego no seguían en una función, como si Chile hubiese resuelto su obligación internacional de dar garantías de no repetición. Es muy importante que aquí estamos hablando de algo que debe estar enquistado en el Estado de manera permanente», agregó.
Antes de la intervención de Boric, tomó la palabra la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien más tarde habló con Télam sobre la importancia del anuncio de hoy.
«Por fin hubo un Gobierno que tuvo la voluntad política, la empatía con los familiares, de buscar los mecanismos para saber dónde están los que los faltan. Para nosotros ha sido un día de confianza», afirmó.
«Para nosotros hoy fue un día lleno porque estar presente cuando un Gobierno invita a las agrupaciones de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos a nivel nacional… Se sigue un trabajo que se ha hecho con las agrupaciones y que lograr que se firme el decreto supremo donde queda establecido y se va a construir esta mesa de trabajo muy importante», declaró Lira a Télam.
En tanto, Boric también criticó la ausencia de sectores del arco político, ya que en el acto solo estuvieron los partidos oficialistas: «No vinieron todos», afirmó.
“Cómo se responde a los que niegan lo que ocurrió. Cómo se responde a los que lo justifican y no son capaces de decir que no lo harían de nuevo», planteó el mandatario, para luego hacer la invitación a un acuerdo para nunca más «interrumpir la democracia por medio de la violencia», recogió el diario chileno The Clinic.
Pizarro opinó que «en América Latina, las derechas en su mayoría, son partidos que fueron responsables del exterminio y que con los años se siguen reafirmando en este compromiso para con los crímenes de lesa humanidad».
«A mí no me extraña que no esté la derecha. La derecha, además, al calor de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado civil y militar, ha avanzado en un negacionismo que es muy preocupante y grotesco», agregó.
Por su parte, Lira afirmó que «el sector que los civiles que fueron parte de la UDI (Unión Demócrata Independiente) y Renovación Nacional han gozado de impunidad 50 años», y por ese motivo no solo no estuvieron en el acto de hoy sino que «amparan y reivindican el golpe».
La expresidenta de la AFDD se mostró confiada en que se logren avances, pero también advirtió que «van a haber otros momentos del retroceso», en tanto que Lira coincidió en que «no hay un panorama fácil».
«El Gobierno no tiene el poder político ni el poder económico. Basta ver reflejada la cantidad de legisladores que hay en el Congreso y que el poder económico lo tiene las grandes empresas que usan los medios de comunicación para instalar los temas que quieren aunque sea mentira. Lo más probable es que este plan de búsqueda vaya a necesitar recursos y ahí vamos a ver si realmente ellos (la oposición) condenan las violaciones a derechos humanos o no», concluyó.
El plan fue iniciado en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos «se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades».
El trabajo de elaboración del plan contó también con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, académicos y sectores de la sociedad civil.
«El plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales», consignó el Gobierno.
El plan «tendrá una gobernanza permanente» además de un «presupuesto asignado», por lo que existirá como un instrumento de política pública que «deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo Gobierno».
Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos «para contar con el registro más preciso posible», asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de las comisiones generadas por el Estado, aseguran «que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer» en el periodo 1973-1990.
Y agrega que se ha llegado a estimar «sin certeza» que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377.
Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a «agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades».
Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada. (Télam)