La policía brasileña detuvo el domingo a tres personas, entre ellas un legislador federal y un exjefe de policía, acusadas de planear y ordenar el asesinato en 2018 de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y su chofer.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó en una conferencia de prensa que las detenciones cierran un caso de seis años que ofrece una mirada a cómo el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones públicas de Río.
La policía federal arrestó al diputado Chiquinho Brazao, a su hermano Domingos Brazao, consejero del Tribunal de Cuentas del estado de Río de Janeiro, y al exjefe de la policía de Río Rivaldo Barbosa, afirmó Lewandowski.
Los dos hermanos ordenaron el golpe de 2018, mientras que Barbosa -que se convirtió en jefe de policía un día antes del asesinato- ayudó en la planificación y posteriormente trabajó para sabotear la investigación, según descubrieron las pesquisas de la policía federal.
«Esta investigación es una especie de radiografía de cómo operan las milicias y el crimen organizado en Río de Janeiro y de cómo hay un, digamos, entrelazamiento con algunos órganos políticos y algunos órganos públicos», indicó el ministro.
Lewandowski consideró el caso cerrado, pero dijo que los hallazgos podrían ayudar a resolver otros casos o a abrir nuevas investigaciones.
Además de las órdenes de detención, la policía presentó 12 órdenes de registro e incautación. Las cuentas bancarias vinculadas a los implicados fueron congeladas, dijo el ministro.
Otras cuatro personas, entre ellas la esposa de Barbosa y un exjefe de investigaciones de homicidios de Río, tendrán que llevar tobilleras electrónicas y tienen prohibido hablar entre sí, comentó Lewandowski.
En una declaración a los medios ante la sede de la Policía Federal en Río, el abogado de Brazao afirmó que su cliente es inocente. La oficina de Chiquinho Brazao y la policía de Río no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Franco y su conductor Anderson Gomes fueron asesinados a tiros en su automóvil después de salir de un evento en la noche del 14 de marzo de 2018.
En 2019, dos exagentes de policía, Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz, fueron acusados de disparar contra Franco y su conductor y el año pasado la policía realizó un arresto de otro sospechoso vinculado al caso.
Queiroz, acusado de conducir el auto utilizado en el crimen, y Lessa, sospechoso de disparar el arma, llegaron a acuerdos con las autoridades para declararse culpables, y Lessa proporcionó información sobre quién dio la orden de matar a la concejala.
Franco se oponía a los intereses de los hermanos Brazao, señaló Lewandowski. Mientras Franco quería convertir ciertas propiedades en viviendas para los pobres, los hermanos Brazao querían darles un uso comercial, según el ministro.
Franco, de 38 años, era una concejala negra, abiertamente gay y progresista nacida en un barrio pobre de Río. Los investigadores creen que su muerte fue un asesinato político perpetrado por sicarios a sueldo.
Estrella ascendente del Partido Socialismo y Libertad, criticaba abiertamente los homicidios policiales de los habitantes de las favelas de Río y su muerte desencadenó protestas en todo el país por parte de brasileños hartos de la violencia endémica.
Entre lágrimas, la viuda de Franco, Mónica Benicio, declaró el domingo que no le sorprendía oír hablar de la implicación de la familia de Brazao en el caso.
NA