El Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia dio inicio a la denuncia presentada a fines de diciembre, unos días antes de la asunción de Lula.
El Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia admitió una denuncia presentada por la Policía contra tres simpatizantes bolsonaristas que estaban preparando una bomba para colocarla en un camión cisterna de combustible en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Brasilia, una semana antes de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando comenzaba escalar la tensión política y se temía un ataque a la democracia, como el que finalmente sucedió el domingo 8 de enero.
La investigación comenzó el 24 de diciembre, después de que el conductor del camión se percatara de la presencia de un objeto extraño en el vehículo y alertara la Policía. El artefacto fue posteriormente detonado de forma controlada y tras la detención de los sospechosos se incautó todo un arsenal de armas que estaba en su posesión, según la agencia de noticias Europa Press.
La denuncia policial implica a las personas reconocidas como Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos y Welligton Macedo de Souza. Los tres están acusados de haber elaborado el artefacto explosivo que luego colocó el propio Macedo.
Están acusados de un delito de explosión por poner «en peligro la vida, la integridad física o el patrimonio de otras personas mediante la explosión o colocación de un artefacto de dinamita o de otra sustancia de efectos análogos«. El mismo tiene asociada una pena de entre 3 y 6 años de prisión, según dio a conocer TV Globo.
El Ministerio Público pide incrementar en un tercio la pena por el agravante de que el objetivo era un camión cargado de combustible. Además destaca que todo fue planeado en la acampada bolsonarista ante el Cuartel General del Ejército en Brasilia.
«El objetivo de los denunciados era cometer infracciones penales que pudieran causar conmoción social para que hubiese una intervención militar y se decretara el Estado de Sitio», recoge la denuncia.
La Procuraduría pidió incluir a Bolsonaro en las investigaciones por el intento de Golpe
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitó ante el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) incluir al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro en la investigación sobre autores intelectuales e instigadores de la toma de los Tres Poderes perpetrada el domingo pasado por seguidores del exmandatario el domingo pasado, en un intento de golpe de Estado.
El pedido fue realizado ante el procurador general, Augusto Aras, por un grupo -integrado por ochenta personas, especificó el diario Folha– del Ministerio Público Fiscal y, luego, llevado ante la Corte Suprema. El grupo de fiscales, en la jornada del jueves también solicitó una apertura de investigación por “actos terroristas”. Según informó el portal G1, corresponderá a la presidenta del STF, Rosa Weber, analizar el pedido y decidir si abre o no la investigación o si remite el pedido a otro ministro de la Corte.
La solicitud anterior no mencionaba a Bolsonaro, pero decía que el organismo quería investigar a todos los que atacaron las urnas, insinuaron fraude electoral, deslegitimaron a los que ganaron las elecciones, realizaron ataques al Supremo Tribunal Federal, “incluso en el extranjero”.
Tras ser derrotado, Bolsonaro se mantuvo prácticamente en silencio y casi no asistió al Palacio del Planalto a trabajar. De hecho, su primer pronunciamiento público fue más de un día después de que el Tribunal Supremo Electoral le hubiera dado la victoria al presidente Lula y en su discurso no hizo alusión a su contrincante. Días antes del traspaso de mando, el expresidente se fue del país y no regresó. Se instaló en Orlando, Estados Unidos, y rompió con la histórica tradición democrática de colocar la faja presidencial a su sucesor.
Al momento, hay unas 1500 personas detenidas, 200 de las cuales estaban en flagrancia. El entonces gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha; y su secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres -también en Estados Unidos-, bolsonaristas los dos, fueron destituidos (el primero por 90 días) y también están siendo investigados. Sobre Anderson, además, pesa un pedido de detención y el Gobierno analiza el pedido de extradición si no regresa para el lunes tras haber encontrado en su casa el borrador de un decreto de carácter golpista que sólo podía ser firmado por Bolsonaro para desconocer el resultado de los comicios e instalarse en el Gobierno.
Fuente: El Destape