Están imputados 28 referentes barriales, acusados de realizar presiones para garantizar las asistencias a las marchas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales de parte de intermediarios de agrupaciones.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hachas por personas que se identificaron.
Las mismas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
Tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.
«En virtud de ello, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados», que son 28 personas, se informó en un comunicado de la cartera que dirige.
A partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, la Justicia federal realizó una decena de allanamientos a comedores del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie.
La cartera sostuvo que los imputados son 28 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, el de coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los amenazaron con «darles de baja» el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron «vendidos».
NA