El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una batería de señales al Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr el cierre formal de la primera revisión del nuevo acuerdo técnico. La urgencia es doble: el Gobierno necesita el desembolso de USD 2.000 millones antes del receso que se toma el organismo en agosto, y además busca mostrar iniciativa para evitar el desgaste político que podría significar una postergación.
Desde el Palacio de Hacienda explican que el Fondo aún no terminó de redactar el staff report que debe elevar al Directorio. Sin ese informe, no hay reunión. Y sin reunión, no hay giro. La ventana es ajustada: la primera quincena de agosto aparece como límite.
Reservas y privatizaciones: señales cifradas desde Hacienda
Desde que terminó la visita técnica del FMI el pasado 27 de junio, Caputo activó varias medidas para mostrar voluntad de ajuste y compromiso fiscal. La primera fue una jugada quirúrgica: el Tesoro hizo dos compras de dólares por USD 400 millones, sin recurrir al Banco Central, para evitar mover el tipo de cambio y esquivar una emisión monetaria directa. El mensaje fue claro: sumar reservas sin tocar el ancla del dólar.
El segundo gesto fue la aceleración del plan de privatizaciones. El 1° de julio, Caputo anunció que el Gobierno avanzará “en el corto plazo” con ventas de empresas públicas, con el objetivo de sumar divisas. Su asesor, Felipe Núñez, reforzó la idea al declarar que “la forma de acumular reservas la define el Gobierno”.
El mensaje a los técnicos del Fondo fue directo: la administración libertaria va a cumplir, aunque no con los caminos clásicos del manual ortodoxo.
Exenciones, déficit externo y pases de factura
Aún no está claro si el Gobierno pidió un waiver por la meta de reservas incumplida en junio. Si lo hizo, tendrá que convencer al staff de que la voluntad de cumplimiento está intacta. Las dudas del FMI pasan, sobre todo, por los números que se conocieron después de la misión: un déficit de cuenta corriente de USD 5.191 millones, un rojo en contratos de dólar futuro por USD 1.500 millones, y una baja oferta neta de dólares para el segundo semestre.
Todo eso encendió las alarmas en Washington. Más cuando el propio Caputo debió salir a desmentir declaraciones atribuidas a él en off the record, donde vinculaba la votación en el Senado sobre jubilaciones, transferencias discrecionales y coparticipación con el «riesgo fiscal» que mira el Fondo. «No son los jubilados, son las cuentas», dijo luego.
Lo que pide el Fondo y lo que promete Economía
La hoja de ruta que pide el FMI es exigente: para fines de 2025, Argentina debería tener un superávit fiscal del 1,4% del PBI. Pero Caputo fue más allá y prometió un 1,6%. Además, antes de diciembre de 2026, el Gobierno deberá avanzar con una reforma integral del sistema previsional, que combine sostenibilidad con equidad.