Los abogados de la familia de Santiago Maldonado cuestionaron el jueves ante la Cámara Federal de Casación Penal el cierre de la investigación y los sobreseimientos decididos por el juez federal Daniel Rafecas en la investigación por el espionaje a familiares y activistas por parte de Gendarmería durante el macrismo. «No queremos naturalizar que se legitime el espionaje, la reunión de información y la inteligencia interna, vamos a seguir peleando contra este fallo que al justificar tal accionar ilegal es el huevo de la serpiente», dijo a PáginaI12 el abogado Matías Aufieri, al salir de la audiencia. A partir de la desaparición del tatuador anarquista tras la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen, esa fuerza desplegó seguimientos –algunos muy poco discretos, casi intimidatorios– del accionar desesperado de la familia Maldonado, los organismos de derechos humanos y miembros de ese pueblo originario.
Sergio Maldonado fue acompañado por sus abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Aufieri y Liliana Mazea, y acudieron también la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la hermana de desaparecidos María Adela Antokoletz Gard, les abogades de derechos humanos Ismael Jalil, Carlos Platkowski (CeProDH) y Claudia Ferrero (APEL), Pablo Lachener (CELS), Marisa García (referente de la ronda de los jueves) y la dirigente del MST, Vilma Ripoll.
El 2 de agosto la querella que encabeza la diputada del FIT-U Myriam Bregman, con Aufieri y Mazea, había apelado la decisión del magistrado que benefició a los funcionarios de Patricia Bullrich en esta causa por tareas de inteligencia ilegal cuyas víctimas fueron Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, periodistas, referentes mapuches y miembros de organizaciones como la APDH de la región patagónica, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
Rafecas dijo que se “investigó a fondo” todo lo denunciado y no se encontró ninguna ilegalidad en lo hecho por Gendarmería y sus jefes políticos. Y sostuvo que los seguimientos que realizaron gendarmes a la familia Maldonado buscaron prevenir la “alteración del orden público”, un argumento que fue rechazado por Bregman y Aufieri por considerarlo la «remanida justificación del espionaje» sobre el activismo social.
La querella expuso los argumentos de su apelación ante la Sala II de la Cámara Federal que preside Roberto Boico e integran Martín Irurzun y Eduardo Farah. En su consideración, las pruebas del espionaje ilegal están en las primeras 40 fojas del expediente. Son las capturas de las conversaciones de WhatsApp surgidas de los peritajes a los celulares de aquellos gendarmes que participaron de la represión y persecución tras la cual Santiago permaneció desaparecido por 78 días. Puntualmente, el teléfono de Fabián Méndez arrojó una actividad ilegal continua, a la luz de los mensajes que recibía del CRINEU (Centro de Reunión de Información de Neuquén).
«En la audiencia planteamos que la recopilación de información, incluso de fuentes abiertas, sobre personas y colectivos que protestan y con eso armar una base de datos eso infiere un accionar ilegal», relató Aufieri. «En denuncia del Proyecto X, con Bregman y Agustín Comas, al menos logramos allanamientos, pero en este caso ni siquiera se requirió por oficio al Ministerio de Seguridad y a Gendarmería qué tareas tenía a cargo el CRINEU alrededor del caso Maldonado, siendo que esa fuerza estaba apartada de la investigación de la desaparición de Santiago; quiénes son sus miembros, quién usaba el teléfono del CRINEU para mandarle información al comandante Méndez», agregó. El letrado recordó que ellos se enteraron por lo poco que se encontró en el peritaje a su teléfono. «¿Cuánta más información le mandaron al gobierno de turno para que persiga a opositores? Y además eso nada tiene que ver con alteraciones al orden público, que también estamos en contra de ese protocolo, pero acá ni siquiera eran seguimientos de inteligencia que tuvieran que ver con prevenir hechos violentos o hipótesis de delitos en manifestaciones, eran seguimientos personales», expresó Aufieri.
A mediados de julio, Rafecas definió que los seguimientos y escuchas a los familiares del tatuador anarquista se había concretado para prevenir la «alteración del orden público» en momentos en que se desarrollaban actos y movilizaciones por la desaparición de Santiago en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. El magistrado sobreseyó al ex número tres del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, y también a Fabián Méndez, ex jefe de Gendarmería en El Bolsón. «No acordamos el uso que se le da a la figura de alteración al orden público, porque podría utilizarse prácticamente para cualquier movilización», había señalado el abogado Aufieri. «Hay mensajes que no refieren a manifestaciones» advirtió, en referencia a una de las pruebas del espionaje que surge de los intercambios digitales entre los jefes de Gendarmería y funcionarios que espiaron a los Maldonado.