La Fiscalía citó a 214 personas: la computadora del exministro fue manipulada dos días después del asesinato y las cámaras tenían fechas y horarios desfasados.
La investigación por el asesinato del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, volvió a colocar bajo sospecha lo ocurrido dentro de la propia cartera provincial: una pericia informática acreditó que archivos de la computadora de su despacho fueron borrados dos días después del crimen.
El fiscal Hugo Costilla ordenó citar a 214 personas que prestaron servicios entre el sábado 3, el domingo 4 y el lunes 5 de diciembre de 2022. Rojas fue asesinado el sábado y la eliminación de información se produjo el lunes, cuando el funcionario ya había muerto.
La medida busca reconstruir quiénes ingresaron al edificio, qué personas pudieron acceder al despacho y si existieron maniobras destinadas a alterar documentación. El Ministerio no contaba durante el fin de semana con registros confiables de ingreso y egreso, mientras que las cámaras de seguridad grababan con la fecha adelantada un día y también presentaban un desfasaje horario.
Casi cuatro años después del homicidio, la Fiscalía todavía intenta determinar una cuestión elemental: quién estuvo dentro del organismo durante las horas críticas y quién manipuló una computadora oficial después de la muerte de su titular. El dato transforma el expediente en algo más que una causa policial. Se trata de una falla de custodia ocurrida en una dependencia del gobierno de Raúl Jalil, sobre documentación que podía resultar relevante para esclarecer el crimen de uno de sus ministros.
Costilla también pretende reconstruir el circuito de expedientes y las preocupaciones que Rojas habría tenido antes de morir. Entre las líneas mencionadas aparecen rendiciones de cuentas pendientes para acceder a nuevos fondos de programas nacionales y versiones según las cuales el funcionario no llegaría a diciembre en el cargo.
Esas hipótesis no prueban un móvil ni comprometen por sí mismas a integrantes del Ejecutivo, pero obligan a examinar qué documentación fue eliminada y a quién podía perjudicar su contenido.
El fiscal defendió el trabajo realizado y señaló que el expediente ya reúne 43 cuerpos, unas 9.000 fojas, más de 500 testimonios filmados y cerca de 3.000 horas de registros provenientes de 62 cámaras. El volumen de medidas, sin embargo, no disimula que la causa continúa sin una explicación definitiva y que recién ahora fueron convocadas 214 personas vinculadas al funcionamiento del Ministerio durante aquellos tres días.
Jalil no puede interferir en la pesquisa judicial, pero sí debe responder por la seguridad administrativa de su gobierno. La Provincia debería informar si abrió una investigación interna por el borrado, quién tenía claves o acceso físico a la computadora, cuándo fue preservado el despacho, qué funcionarios quedaron a cargo tras la muerte y por qué los controles de ingreso y las cámaras presentaban semejantes deficiencias.
No existe hasta el momento una prueba pública que permita atribuir el borrado a una persona determinada ni vincularlo de manera concluyente con el homicidio. Precisamente por eso, el silencio político resulta inadmisible. Un ministro fue asesinado y, mientras su cuerpo era velado, alguien eliminó archivos de una computadora estatal. Catamarca lleva casi cuatro años sin saber quién lo hizo, qué borró y para qué.
NA