La justicia analiza el celular de Alberto Fernández en busca de pruebas en la causa por presunta corrupción en la contratación de seguros estatales.
La situación judicial de Alberto Fernández se complica tras la reciente orden del fiscal Carlos Rívolo de analizar el teléfono del expresidente, confiscado tras una denuncia de violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yañez.
El fiscal busca determinar si hay pruebas relevantes en el dispositivo que puedan incriminar a Fernández en una investigación paralela relacionada con presuntos actos de corrupción en la contratación de seguros estatales durante su administración.
El juez Julián Ercolini, quien junto con Rívolo lleva adelante la causa, ya había dispuesto medidas cautelares contra Fernández por la denuncia de Yañez.
Entre estas medidas se incluyen la prohibición de cualquier tipo de contacto entre ambos y la restricción de acercamiento en un radio de 500 metros, a pesar de que Yañez reside actualmente en España.
La conexión entre la violencia de género y la corrupción
La denuncia de Yañez, que inicialmente se había mantenido en silencio, surgió a raíz de los contenidos hallados en el teléfono de María Cantero, exsecretaria de Fernández. En estos, Yañez describía episodios de maltrato físico y psicológico por parte del entonces presidente.
Fue a partir de estas pruebas que el juez Ercolini contactó a Yañez, quien decidió formalizar su denuncia el pasado 5 de agosto, alegando «terrorismo psicológico» y «acoso telefónico» por parte de Fernández.
Mientras el proceso judicial avanza, el fiscal Rívolo solicitó la inclusión de los mensajes y archivos del celular de Fernández como evidencia en la causa que lo investiga por corrupción.
«Es que vengo por medio del presente a requerir a V.S que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, V.S constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones», señaló Rívolo en un escrito presentado al juez.
La implicación del gobierno de Javier Milei
En paralelo, el nuevo gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de «renovación» dentro de la Gendarmería Nacional, en respuesta al escándalo de corrupción que involucra la gestión de seguros durante la administración de Fernández.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó cartas en el asunto, ordenando la remoción de cinco miembros de la Gendarmería que habrían estado involucrados en la contratación irregular de pólizas de seguro.
«Es importante destacar que durante la gestión anterior de la ministra Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, los negociados con aseguradoras fueron eliminados y se implementaron prácticas transparentes», afirmaron desde la oficina de Bullrich.
Estas medidas forman parte de un compromiso más amplio del gobierno actual con la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos públicos, lo que se estima generará un ahorro de aproximadamente 500 millones de pesos para la Nación este año.
La administración de Milei también ha llevado a cabo cambios significativos en la estructura del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de la Gendarmería y mejorar los indicadores de violencia y criminalidad en el país.
Claudio Brilloni, quien asumió como nuevo jefe de la Gendarmería, ha sido clave en la implementación de estas reformas.
«Brilloni posee un profundo entendimiento de la Gendarmería Nacional, así como de las necesidades de cambio en su estructura, procesos y acciones operativas en las zonas más críticas y sensibles para la gestión de la seguridad en el país», destacaron desde el ministerio.
Implicaciones futuras para Fernández
Con el avance de estas investigaciones, la situación de Alberto Fernández se torna cada vez más delicada. La incorporación de los contenidos de su celular como evidencia en la causa por corrupción podría revelar información comprometida que agrave su situación judicial.
Mientras tanto, la denuncia de Yañez sigue su curso, con las autoridades judiciales atentas a cualquier violación de las medidas cautelares impuestas.
La complejidad del caso, que entrelaza cuestiones de corrupción y violencia de género, mantiene en vilo a la opinión pública y coloca a Fernández en una posición de alta vulnerabilidad frente a la justicia argentina.