Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el cálculo del decomiso por $684 mil millones, pero el remate de sus bienes avanza mientras Casación define su recurso.
El proceso judicial de la causa Vialidad sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: mientras el Tribunal Oral Federal N°2 habilitó la revisión del monto del decomiso por parte de la Cámara Federal de Casación, el remate de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados seguirá en marcha.
El monto bajo la lupa
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso resolvieron que el recurso presentado por la defensa de la expresidenta sea concedido, pero “sin carácter suspensivo”. En su resolución advirtieron que “la concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso”.
De este modo, será la Casación la que deba revisar el cálculo que llevó el monto a $684.990.350.139,86, actualizado con el Índice de Precios al Consumidor sobre los $85.000 millones fijados en el veredicto de diciembre de 2022. Esa sentencia ya fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, lo que le otorga carácter de “cosa juzgada”.
Cristina Fernández de Kirchner había cuestionado días atrás la base de esa actualización. En un escrito firmado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que no posee los fondos suficientes para afrontar la cifra y reclamó que el trámite sea competencia del fuero civil y comercial, donde existe desde 2018 una demanda por daños de Vialidad Nacional por $22.300 millones.
“La ejecución debe tramitar en el ámbito civil, no penal. No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes que resulten producto del episodio, y por ende sean decomisables”, argumentó la exmandataria.
También apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes acusó de no haber realizado una investigación patrimonial precisa.
El proceso de ejecución
Más allá de los planteos, el Tribunal Oral Federal N°2 rechazó in limine las nulidades pedidas por la expresidenta. En paralelo, remitió los escritos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez a los fiscales Luciani y Mola para que dictaminen sobre los cuestionamientos de competencia.
El planteo de Báez se centró en que su condena fue unificada con la de la “Ruta del dinero K” en el Tribunal Oral Federal N°4, que —según él— es el órgano que debería ejecutar sus bienes. Ese tribunal ya dispuso el decomiso de fondos en el exterior y ordenó el remate de 56 propiedades del empresario y su hijo Martín Báez.
Qué decidirá Casación
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, convocará a una audiencia para escuchar a la defensa de Cristina Kirchner. Allí se debatirá no solo la metodología del cálculo del monto, sino también si deben incluirse las propiedades que en 2016 la expresidenta transfirió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner como adelanto de herencia.
El trámite podría demorar entre dos y tres semanas, pero en paralelo el TOF2 tiene luz verde para avanzar con el remate.
Una condena firme
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución.
El decomiso solidario por $684.990 millones alcanza también a Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a cinco exfuncionarios de Santa Cruz.
La definición de la Cámara de Casación marcará el rumbo de una ejecución que, según advirtieron los magistrados del TOF2, ya transita su “etapa de ejecución”.