Según la Constitución, la Cámara baja debería actualizarse cada 10 años, aunque eso no sucede desde 1983. Las distorsiones en la asignación de legisladores a las provincias.
Una de las primeras consecuencias políticas de la realización del onceavo Censo Nacional del país fue reabrir el debate por la actualización de la actual composición de la Cámara de Diputados. Y es que si bien la Constitución sostiene que la representación de la Cámara Baja debe renovarse luego de la realización de cada Censo, el reparto y número de las bancas no se modifica desde los 80′. Este atraso ha llevado a que varias provincias se encuentren profundamente subrepresentadas – la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, debería pasar a tener 100 diputades – frente a distritos con menor población que, sin embargo, cuentan con más legisladores por cantidad de habitantes. En los últimos años se han presentado proyectos de ley con el objetivo de rectificar la situación y adecuar las proporcionalidades, pero suelen presentarse dos problemas que complican su tratamiento. El primero tiene que ver con buscar la manera de que la actualización no perjudique a las provincias más chicas y las lleve a tener una casi nula representación. Y el segundo está directamente vinculado a la discusión del gasto público, ya que habría que incrementar el número de diputades en un contexto en el que, encima, predominan los discursos antiestatal que exigen una reducción del «costo de la política».
«La composición actual está completamente desactualizada y, en cierto modo, es inconstitucional. La Constitución manda que la Cámara de Diputados debe actualizarse cada 10 años y esto no se hace desde 1983. Hay muchas anomalías», aseguró el politólogo Diego Reynoso (Conicet – Udesa), quien realizó un trabajo de investigación sobre las distorsiones de la asignación de diputades a las provincias. Según las estimaciones de Reynoso en base al Censo realizado en 2010, la Cámara de Diputados debería pasar a tener 324 bancas – hoy tiene 257 – y muchas provincias deberían modificar su composición actual de legisladores. «La Provincia de Buenos Aires debería tener 30 diputados más, pero la distorsión más grande es la que existe entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba. Santa Fe y Córdoba tienen 3,2 millones de personas y CABA 2,8, sin embargo en Capital se eligen 25 diputados y Córdoba y Santa Fe eligen 18 y 19», analizó, siempre en base a los números del 2010, y explicó que el problema era que se había generado un «desajuste enorme en la representación» por culpa de que hace 40 años que no se modificaba la distribución de las bancas a pesar de las transformaciones poblacionales.
Según el decreto del último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, – que es la legislación vigente – debe haber un diputado o diputada cada 161 mil habitantes (o una fracción no menor a 80.500 en el caso de no llegar), al que se le suma un plus de tres diputades más y se establece un piso mínimo de cinco diputades por provincia. «El punto de la actualización de la composición es no darle menos a las provincias que ya ganaron algo. Con el piso uno tiene ya una estructura para compensar la representación del interior, pero después hay que respetar la asignación poblacional porque si no es injusto», añadió Reynoso, que calculó que, además de Buenos Aires (+30), Santa Fe (+4), Córdoba (+6) y Mendoza (+4), también se le deben legisladores a Tucumán, Salta, Río Negro, Chubut, entre otras provincias.
Los proyectos
«Acá la clave es que tenés provincias que están muy subrepresentadas y esto es un problema democrático elemental. No es algo menor, algunos lo plantean como que es para beneficio de los partidos, pero a quienes se perjudica es a los electores que no tienen representación suficiente», reflexionó Myriam Bregman, diputada del FIT que presentó hace unos años una iniciativa para actualizar la distribución y número de las bancas (según la cual, por ejemplo, la PBA pasaría a tener 100 bancas y Córdoba 24, pero la CABA se mantendría en 25). «Las provincias más chicas no pueden ir para atrás porque hay un derecho adquirido, pero las que aumentaron la población tienen que aumentar. Aunque ahí se abre el problema del gasto», advirtió. Si bien el FIT impulsa la iniciativa de que «un legislador gane lo mismo que un docente», Bregman es tajante a la hora de afirmar que «no se puede decir que las elecciones son un gasto»: «Gasto es el FMI. La gente tiene un derecho constitucional a tener su representante», agregó.
En efecto, ni lento ni perezoso, el diputado de derecha José Luis Espert se metió ayer en el debate y publicó en Twitter: «Si hay un gasto público a bajar, es el de la política. No hay que aumentar el número de diputados en el Congreso por más que lo digan el Censo y la Constitución». El peligro de que un aumento de la cantidad de diputades funcione como munición para los discursos de la antipolítica (vinculados principalmente a los sectores libertarios) no solo es advertido por la izquierda, sino que la misma Margarita Stolbizer, que hoy forma parte de Juntos Por el Cambio, previene al respecto: «Una vez que se obtengan los datos del Censo hay que cumplir con la Constitución y adecuar la proporcionalidad bajando a las provincias que están sobrerrepresentadas y subiendo a las que están subrepresentadas. Pero hay que hacerlo de manera que no implique un aumento enorme de la cifra de diputados y del gasto público, lo que mucha gente podría terminar viendo mal», destacó la diputada que forma parte del bloque Encuentro Federal junto a Emilio Monzó.
Stolbizer viene presentando proyectos para actualizar la composición de la Cámara de Diputados hace años y está a la espera de que se terminen de conocer los últimos datos del Censo para hacerlo de nuevo. «Esto no es una cuestión opinable, el artículo 45 de la Constitución impone la obligación de que lo hagamos», aseguró la diputada, cuyo último proyecto presentado proponía un diputado o diputada cada 140 mil habitantes y una cámara que pasaría a contar con 297 bancas. «La ley tiene que garantizar un piso para las provincias más chicas, porque si no nunca vas a conseguir que esto se vote, pero sin que eso afecte la proporcionalidad. Pero porque, además, ese es el sentido del sistema bicameral: las provincias están representadas en igualdad de condiciones en el Senado y, en Diputados, se representa a la población en su totalidad».
Fuente: Página 12