La Cámara de Apelaciones porteña confirmó así la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, sobre el supuesto jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar que integraba el autor material del atentado Fernando Sabag Montiel.
La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el rechazo a otorgar prisión domiciliaria a Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre último.
La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones que rechazó un planteo de la defensa del supuesto jefe del grupo que vendía copitos de nieve e integraban los otros dos detenidos por el hecho, el autor material Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
El Tribunal de Apelaciones dispuso «confirmar» la decisión de la jueza del caso María Eugenia Capuchetti, quien el 14 de noviembre último no hizo lugar a la detención domiciliaria de Carrizo.
«La expectativa de pena para los delitos atribuidos y la gravedad de los hechos investigados, resultan indicadores de entidad suficiente para el mantenimiento del encierro cautelar, ya que -frente al avance de la pesquisa- incrementan el peligro de fuga», evaluaron los jueces.
También, ponderaron que hay «aspectos que surgen del informe técnico sobre el teléfono móvil del imputado que se incorporó a las actuaciones y que fuera producido por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal que ‘prima facie’ permiten reforzar el parámetro fijado en el párrafo anterior».
«En lo específico, actualmente se encuentra en análisis de esta judicatura un recurso de apelación promovido por la parte querellante a través del cual se impugnó el rechazo para ampliar indagatorias por el delito de asociación ilícita a quienes se encuentran implicados en este expediente, y particularmente a Carrizo en calidad de co-autor en los sucesos», remarcaron.
La decisión fue adoptada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La querella de la Vicepresidenta se había opuesto a la concesión del beneficio para Carrizo, detenido con prisión preventiva y procesado como supuesto partícipe secundario del hecho.
Los apoderados de la querella sostuvieron que hay «riesgos procesales que se evidencian de la experticia efectuada por la DATIP sobre el relevamiento de datos del teléfono celular del aquí implicado y que consideró de suma relevancia para la solución del presente legajo», remarcó el fallo.
Carrizo está procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido con un arma de fuego, en calidad de partícipe secundario.
Fuente: Télam