El diputado provincial por el Departamento Felipe Varela, Yamil Sarruf, dialogó con MEDIOS RIOJA y brindó detalles sobre la compleja situación que atraviesa la zona de Guandacol tras el corte de ruta y la paralización de actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña. En sus declaraciones, el legislador fue tajante al señalar que la empresa no ha cumplido con los acuerdos pactados con la provincia, priorizando su logística sobre el bienestar de las comunidades locales.
Incumplimientos históricos y falta de diálogo
Sarruf recordó que, si bien en un inicio existió una colaboración del Gobierno Provincial para que la empresa —anteriormente denominada José María— se instalara, los compromisos de contratación y obra pública quedaron truncos.
«Se habían comprometido a tomar gente a medida que el proyecto avanzaba, a realizar un bypass en Guandacol y una obra hídrica. El bypass nunca se hizo y de los 2.000 metros de pavimento prometidos, solo ejecutaron 400», detalló el diputado.
Ante la falta de respuestas y el agotamiento de los plazos, la Provincia interpuso una medida cautelar para exigir la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El reclamo por el agua y la soberanía territorial
Uno de los puntos más críticos del conflicto radica en el uso de los recursos hídricos. Sarruf advirtió sobre las maniobras de la empresa en los márgenes del río durante el último verano, las cuales afectaron el caudal del Río Blanco.
- Impacto Hídrico: El agua recorre 40 km dentro de territorio riojano antes de unirse al Río Salado. La provincia exige conocer cómo afectará la actividad a los humedales, la flora y la fauna local.
- Conflicto de Límites: El proyecto se encuentra en una zona de disputa territorial. La empresa se ampara en una ley de la dictadura para presentar sus informes en San Juan, desconociendo la proximidad y las consecuencias directas sobre el patio de los vecinos riojanos.
Impacto económico en la comunidad
La paralización de la mina no solo afecta a los 140 trabajadores directos de la zona, sino también a una red de proveedores locales, incluyendo hotelería y servicios de gastronomía que dependen del flujo mensual de personal.
A pesar de la tensión, Sarruf aseguró que el Gobierno Provincial mantiene la voluntad de diálogo, pero bajo la firme premisa de que se respeten los acuerdos de participación para la gente y los proveedores locales, además de garantizar la seguridad ambiental de la región.
«Queremos que se cumplan los acuerdos realizados años atrás. La provincia quiere tener minería, pero con beneficios reales para nuestra gente y sabiendo fehacientemente cuál será el impacto en nuestro suelo», concluyó.