La persistencia de la parálisis de los prácticos amenaza con un impacto mayor en otros sectores productivos.
La paralización de los puertos argentinos que bloquea el comercio fluvial y afecta el desarrollo de otras actividades, se da en rechazo a la desregulación del sector impulsada por el ministro Federico Sturzenegger con el argumento de “desarmar kioscos”.
El servicio de practicaje, que consiste en asistir a los barcos en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.
La nueva normativa exime de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia, amplia las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, elimina el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, y habilita a prefectura a prestar el servicio, entre otras modificaciones.
Al destacar estos cambios, Sturzenegger planteó que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, apuntando directamente contra el sistema previo.
El importante cambio de condiciones en las reglas de la actividad produjo la desaprobación de los prácticos, que a pesar de no estar nucleados bajo un gremio decidieron de forma coordinada no aceptar nuevos contratos.
Esta particularidad le juega en contra al Gobierno, ya que no puede dictar una conciliación obligatoria teniendo en cuenta que técnicamente no hay un conflicto laboral sino una determinación individual de los prácticos como profesionales independientes.
Con este impedimento y aún con la intimación de la Prefectura a los trabajadores para retomar la actividad, que se considera un servicio público, el panorama se vislumbra complejo y empieza a crecer la preocupación por el impacto en otros sectores.
En este sentido, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, expuso en Cadena 3 que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día” y advirtió que “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”.
Por otro lado, en Neuquén también se siente el efecto de la medida, ya que se detuvo la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, a partir de la restricción del puerto de Bahía Blanca que impide realizar las maniobras pautadas.
Asimismo, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas debido a la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan”, y alertaron que podría dificultar el abastecimiento por inconvenientes en el transporte.
La parálisis de los puertos abarca desde el extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
Agencia NA