En un movimiento que promete alterar aún más la dinámica entre el Gobierno y las universidades nacionales, el Ejecutivo encabezado por Javier Milei ha puesto en marcha una serie de reformas normativas con el objetivo de reforzar los controles en las compras y contrataciones de estas instituciones. El paquete incluye la publicación del decreto 1096/2024 y otros decretos previos que, bajo la bandera de la transparencia, buscan digitalizar y centralizar los procesos administrativos en las casas de estudio.
La medida genera un amplio debate, dividiendo opiniones entre quienes la ven como un avance en transparencia y aquellos que temen una posible vulneración de la autonomía universitaria.
El decreto 1096/2024, publicado en el Boletín Oficial el 16 de diciembre de 2024, actualiza el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, con modificaciones clave en los procedimientos de contratación.
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Entre los cambios más significativos se encuentra la redefinición de los criterios para la contratación directa, dividiendo los procedimientos en dos modalidades:
Compulsa abreviada, utilizada en casos de urgencia y con múltiples oferentes.
Adjudicación simple, reservada para situaciones donde solo hay un proveedor disponible.
Además, se estipulan nuevos plazos y medios para garantizar la publicidad de los procedimientos, exigiendo al menos tres días hábiles de antelación para presentar ofertas y la publicación de las convocatorias en portales oficiales.
En paralelo, el decreto elimina los artículos 23, 23 bis y 24, que permitían la adjudicación directa con universidades nacionales, restringiendo estas prácticas salvo en casos específicos y justificados.
Digitalización obligatoria y supervisión centralizada
Uno de los pilares de esta reforma es la adopción obligatoria de sistemas electrónicos como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF, que uniforman la gestión financiera en todas las instituciones públicas. Según Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, esta medida busca eliminar «caminos indirectos que permitían prácticas poco claras».
El Gobierno también incluyó las contrataciones con cooperativas y organizaciones de la economía social en este marco de control. Sin embargo, dejó abierta una instancia de negociación al no establecer cronogramas específicos para la implementación de estas plataformas.
El trasfondo: irregularidades y opacidad
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y las universidades no es nuevo. Investigaciones recientes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron la existencia de más de 2.400 convenios con irregularidades por montos multimillonarios, lo que encendió las alarmas del Gobierno.
Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, señaló directamente a la Universidad de Buenos Aires (UBA) como uno de los principales focos de este problema: «La UBA tiene un 25% de su matrícula sin datos registrados. Eso refleja una falta de control que no podemos ignorar».
Desde las universidades, sin embargo, rechazan estas acusaciones y defienden su autonomía como un pilar fundamental de la educación pública.
Impacto y críticas a las reformas
Mientras el Gobierno asegura que estas medidas impulsarán la competitividad y protegerán los intereses de los contribuyentes, sectores académicos y políticos las consideran una intromisión en la independencia de las universidades.
En el corto plazo, estas tensiones podrían escalar, especialmente en un contexto económico complicado donde la administración Milei busca reforzar su discurso de austeridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos.
Por ahora, el Ejecutivo ha evitado fijar plazos rígidos para la implementación total de las medidas, permitiendo cierto margen de adaptación para las instituciones afectadas. Sin embargo, el mensaje es claro: la era de los convenios directos sin supervisión parece haber llegado a su fin.