El presidente de la DISCALAR, Nicolás Luna, dialogó con MEDIOS RIOJA, y repudió la publicación del Servicio Penitenciario Provincial que presentó como un «hito histórico» la graduación de un interno condenado por abuso sexual, advirtiendo sobre el impacto negativo en las víctimas y la necesidad de mayores controles.
La reciente publicación en redes sociales del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), en la que se celebró el egreso como psicopedagogo de un interno condenado por abuso sexual, ha generado un fuerte rechazo por parte de la DISCALAR (Discapacidad, Salud y Aprendizaje La Rioja).
Nicolás Luna, presidente de la entidad, expresó un enérgico repudio ante la decisión de la fuerza de seguridad de presentar este logro académico como un «hito histórico», calificando la acción de «desafortunada» e «insensible».
El eje del reclamo
El planteo de la institución no cuestiona el acceso a la educación en contextos de encierro —herramienta que reconoce como válida para la reinserción—, sino la exposición pública y la celebración institucional de un individuo con una condena firme por un delito de índole sexual.
«Consideramos que no fue prudente la publicación del SPP. Repudiamos a los profesionales que evaluaron y promovieron que el interno se recibiera de psicopedagogo, dado que el delito cometido tiene un alto nivel de reincidencia», sostuvo Luna en el comunicado oficial.
Para la organización, este tipo de reconocimientos públicos minimiza el dolor de la víctima y de su familia, además de enviar un mensaje equívoco a la sociedad sobre la gravedad de estos delitos.
El pedido de mayores controles
En un contexto provincial y nacional marcado por la preocupación ante casos de violencia de género y abuso, Luna enfatizó la necesidad de extremar las disposiciones legales vigentes.
Desde la DISCALAR exigieron que las autoridades competentes apliquen controles más estrictos para impedir que personas condenadas por delitos sexuales puedan, una vez en libertad, desempeñar tareas que impliquen contacto directo con niños, niñas y adolescentes.
«La protección de la infancia debe ser una prioridad absoluta. La sociedad necesita señales claras de compromiso con la protección de los más vulnerables, no mensajes que puedan interpretarse como una relativización de delitos que dejan consecuencias irreparables», concluyó el referente.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de la dirección del Servicio Penitenciario Provincial respecto a los cuestionamientos planteados por la institución.