Mientras la atención pública sigue enfocada en las reformas económicas, el Gobierno de Javier Milei avanza en una de las iniciativas ambientales más controvertidas de los últimos años: la modificación de la Ley 26.639, la norma que protege las reservas estratégicas de agua dulce en glaciares y ambientes periglaciares. El proyecto figura entre las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre, y ya despertó un rechazo masivo de la comunidad científica y de organizaciones sociales en todo el país.
Un cambio que abre la puerta a la minería en zonas hoy intangibles
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras intensas disputas con empresas mineras interesadas en operar en alta montaña. La norma establece una prohibición estricta de actividades como minería metalífera, explotación hidrocarburífera y obras que alteren la dinámica del hielo. Para especialistas, su espíritu es claro: proteger el agua en un país donde más del 60% del territorio depende del aporte hídrico cordillerano.
El corazón del conflicto está en el ambiente periglaciar, un ecosistema que almacena hielo subterráneo y regula el flujo de agua a lo largo del año. Allí se sostienen ríos, vegas, humedales, suelos y comunidades enteras. “El ambiente periglaciar funciona como un amortiguador hídrico que sostiene las cuencas en épocas de escasez. Si se destruye, se pierde agua que no vuelve en escalas humanas”, advierte Belén Reyes, geógrafa y coordinadora de la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC).
El Gobierno busca que sean las provincias —y no la evidencia científica— quienes definan qué zonas deben protegerse. Con ese cambio, provincias con fuerte presión minera como San Juan, Catamarca y Jujuy podrían habilitar proyectos extractivos donde hoy están prohibidos.
Movilizaciones y denuncias: “Nos quedamos sin agua si nos sacan los glaciares”
Las organizaciones sociales ya comenzaron a movilizarse. La CTA y agrupaciones de todo el país marcharon esta semana para frenar la reforma. “Nos quedamos sin agua si nos sacan los glaciares, no podemos cultivar en el campo. En el fondo estamos peleando por la vida”, afirmó Sergio Val, director de Políticas Ambientales de la CTA.
También participaron referentes de la Campaña No a Mekorot y Basta de falsas soluciones. “Estamos siempre en defensa del agua porque está en juego la vida”, sostuvo Silvia Ferreyra, quien denunció que los cambios impulsados por el Gobierno responden a exigencias de empresas mineras y cámaras multinacionales.
Más de 25 ONG —entre ellas FARN, Greenpeace, Vida Silvestre, Banco de Bosques y Abogados Ambientalistas— alertaron que la reforma sería “inconstitucional”. Recordaron que la ley fue creada para impedir daños irreversibles en ecosistemas donde el agua es escasa y cumple funciones sociales y ambientales irremplazables. “Sin agua, no hay desarrollo posible”, remarcaron.
El documento también destacó el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares. Reyes fue contundente: “Ir contra el IANIGLA es ir contra la ciencia argentina”.