La jueza María Eugenia Capuchetti ejerce como investigadora senior en el Instituto de Seguridad Pública (ISPP), que no depende del Ministerio de Educación porteño sino del Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo cual la magistrada es, de hecho, empleada de ministro y operador judicial -ahora de licencia- Marcelo D’Alessandro. Eso ya le quita imparcialidad. En nueve años en el cargo, presentó un solo trabajo de investigación del que no hay registros de publicación, por lo que todo indica que se trata de una simulación, “lo que parece prácticamente una coima o soborno hacia una jueza federal”. Además, el cargo en el ISPP es incompatible con el de jueza y, en todo caso, debió pedir autorización a la Corte Suprema de Justicia. Con todos estos argumentos, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron una nueva recusación contra Capuchetti en la causa en que se investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre. Afirman que está subordinada a D’Alessandro y eso le quita independencia, que de hecho es uno de los motivos por el que no investigó a la Policía de la Ciudad que puso vallas frente a la casa de Cristina, pero no impidió que los que intentaron el magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, se acercaran en los días previos y simularan vender copos de azúcar. La recusación anterior de la jueza fue rechazada por la Cámara Federal M (en referencia a que se la considera la cámara macrista) con la firma única de Leopoldo Bruglia y, tras una apelación, debe pronunciarse Guillermo Yacobucci de la Cámara de Casación.
En un escrito de 33 páginas, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que representan a CFK, detallaron lo que consideran una larga serie de irregularidades, incompatibilidades y vacíos en la investigación de la tentativa de homicidio contra Cristina.
En los cuatro meses transcurridos desde la tentativa de asesinato, la justicia en general y Capuchetti en particular, trataron de darle un cierre al caso y presentarlo como la obra de unos pocos loquitos sin relación con sectores de oposición, empresarios o uniformados. La Corte Suprema no ha dicho una palabra y Comodoro Py se juega a mandar la causa a juicio cuanto antes sólo con Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos, como imputados. La falta de independencia de la jueza ocupa un papel principal en el escrito de los abogados.
Cargo dudoso, político, parecido a un soborno y a las órdenes de D’Alessandro
Señalan Ubeira y Aldazábal:
* «El cargo de investigadora senior que le dieron a Capuchetti es un cargo político, porque ‘el ISSP se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del sistema integral de seguridad pública’, según sostiene la propia presentación del Instituto”.
*”La Policía de CABA tiene una dependencia académica, pero no es esta, sino el Instituto Universitario de Seguridad. El ISSP, en cambio, no es una universidad. No depende de Educación, sino de Seguridad”.
*”Dentro del ISSP, Capuchetti se desempeña en el Observatorio de Políticas de Seguridad. No tiene dentro de sus funciones actividades de docencia o capacitación”.
*”Es inútil discutir sus funciones dentro del organismo ya que lo más probable es que se limite a cobrar un sueldo (como veremos, ilegal) sin trabajar”.
*”De acuerdo con el propio ISSP, en nueve años, Capuchetti realizó un solo trabajo de investigación, del que no se indica lugar de publicación”.
En la nota escrita el sábado por la periodista de este diario, Luciana Bertoia, se consigna que Capuchetti cobra 73.000 mensuales y que le acaban de renovar el contrato.
Cargo incompatible e ilegal
Siguen los abogados de Cristina:
*”El Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo”.
*”Para cualquier actividad que no sea la docencia universitaria, la jueza debería contar con la autorización de la Corte Suprema. No tenemos conocimiento de dicha autorización”.
*El origen del sueldo que cobra ilegalmente Capuchetti es que la autoridad política del ISSP es D’Alesandro, de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales”.
La conclusion obvia de los letrados es que, por lo tanto, Capuchetti no tiene independencia alguna.
Capuchetti no investiga a la Policía de la Ciudad
Ubeira y Aldazábal señalan que la dependencia de la jueza del gobierno de la Ciudad y de D’Alessandro afecta directamente el trabajo en la causa por el intento de magnicidio. En concreto, mencionan que Capuchetti debió investigar a la Policía de la Ciudad y no lo hizo.
Dicen los letrados que se armó un vallado para evitar que los partidarios de Cristina se acerquen a la vicepresidente, pero nada se hizo por la presencia de Sabag Montiel y Uliarte que el 22 de agosto, nueve días antes del ataque, ya se habían acercado a CFK y estuvieron cerca de dispararle. Ubeira y Aldazábal marcan igualmente que a los uniformados, que suelen tener mucha relación con los vendedores ambulantes, no les llamó la atención que durante varias jornadas estuvieran Carrizo, Sabag y Uliarte con el carrito de copos de maíz. Esa fue la forma en la que hicieron inteligencia. Tampoco tuvieron obstáculo alguno los integrantes de Revolución Federal que subieron con tranquilidad al piso de la vecina Ximena de Tezanos Pinto y otros supuestos vecinos que hicieron espionaje y filmaron desde los balcones.
La recusación de Capuchetti también le pega al fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación. Sucede que Rívolo aparece en los chats de D’Alessandro como un contacto frecuente. Todo eso exhibe el entramado: la jueza, los fiscales, los camaristas son parte del elenco judicial, político, mediático alineado con Juntos por el Cambio.
Fuente: Página 12