En el encuentro, realizado en La Plata, los participantes de la multisectorial Unidad para Defender los Derechos del Pueblo ratificaron su rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus y denunciaron «la entrega y saqueo de los recursos naturales, los despidos ya producidos y la precarización laboral».
El plenario multisectorial Unidad para Defender los Derechos del Pueblo, que integran ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ratificó este martes el paro y la movilización del 24 de este mes hacia el Congreso y denunció despidos, precarización laboral y «saqueo de recursos naturales».
En el encuentro, realizado en la Plaza Belgrano de la ciudad de La Plata, los participantes ratificaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la Ley Ómnibus enviadas por el Gobierno al Parlamento y denunciaron «la entrega y saqueo de los recursos naturales, los despidos ya producidos y la precarización laboral».
El plenario fue conducido por Patricio Villegas, titular de la CTA Regional Berisso, Ensenada, La Plata, Magdalena y Punta Indio, y fue abierto por el intendente platense Julio Alak, en tanto expusieron Hugo Godoy, secretario general de la CTAA, y Roberto Baradel (CTA y Suteba), quienes convocaron a «la resistencia contra el mega DNU antidemocrático y a la unidad para defender los derechos de los trabajadores y el pueblo».
«De forma previa a la aprobación o rechazo del DNU ya se sufren las consecuencias de la política económica. Ese decreto quita derechos y concede privilegios a los grandes grupos económicos. Hay que armar un gran frente de trabajadores, sectores productivos y legisladores para reclamar que el Gobierno no ahogue financiera y económicamente al Ejecutivo bonaerense, un distrito en el que se votó contra el ajuste», enfatizó Baradel.
El plenario convocó a replicar estos encuentros en todo el territorio provincial, en tanto que participaron Oscar de Isasi (ATE y CTAA) y Ramiro Berdesegar (UTEP), otros dirigentes de las tres entidades, militantes, legisladores y funcionarios provinciales. Télam