El Tribunal Oral Federal 7 reanudó el martes las audiencias del juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, en la que la expresidenta Cristina Kirchner figura como principal acusada. Al inicio de la jornada se presentaron nuevos planteos de nulidad y recusaciones que serán analizados al final de esta etapa procesal.
Uno de los pedidos centrales provino del empresario Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., que solicitó la nulidad de su declaración como imputado colaborador. A través de su defensor, Pablo Medrano, sostuvo que su testimonio fue prestado bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” ante la amenaza de quedar detenido. Según el letrado, se trató de “un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho” aplicado de forma sistemática en el proceso.
Rovella había reconocido pagos ilegales presentados como “aportes” a campañas políticas. Además de pedir que se deje sin efecto su declaración, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de extinguir la acción penal. El tribunal deberá resolver si hace lugar a ese planteo.
En paralelo, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero. La presidencia del tribunal dispuso que el planteo sea tramitado por secretaría para no interrumpir la audiencia.
Las objeciones procesales se reiteraron entre distintas defensas. El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó el origen de la causa al denunciar un presunto “forum shopping” y apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por el uso de la figura del arrepentido. Esos argumentos fueron retomados por otros imputados.
También la defensa de Roberto Baratta insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por extorsión y espionaje ilegal, mientras que la representación de Julio De Vido recordó que el exministro fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.
La acusación sostiene que durante el período 2003-2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal en el que empresarios de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías. Según la hipótesis fiscal, ese esquema contaba con al menos dos canales complementarios y tenía como presunta jefa a Cristina Kirchner.
Una vez que el tribunal resuelva los planteos preliminares, dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si se avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.
NA