El futuro ministro de Justicia de Javier Milei dio a conocer su visión reformista y sus planes para la cartera judicial bajo el gobierno libertario. A los 62 años, se enfrenta a un desafío inesperado en su carrera.
El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, que ha mantenido contactos previos con el presidente electo, Javier Milei, destaca su complementariedad con el presidente electo: “Él es libertario en lo económico y yo soy libertario en lo jurídico, ya nos complementamos muy bien”. Esta alineación ideológica forma la base de su enfoque para transformar la Justicia.
Al analizar el estado actual de la Justicia, Libarona observa: “Pienso que hay muy buenos jueces, pero que los pocos malos jueces han mancillado el honor y la credibilidad de todos”.
Esta percepción negativa es un punto central de su plan de reforma, donde busca dotar a los jueces de más herramientas legales y estructurales para actuar con independencia.
Los tiempos procesales actuales y la sobrecarga de trabajo en los juzgados son preocupaciones destacadas por Libarona: “No son razonables los tiempos que se manejan hoy. Terminan siendo equilibristas, no jueces”. Propone, por tanto, agilizar los procesos judiciales y mejorar la asignación de jueces.
En cuanto a las propuestas de reforma, Libarona, declaró en una entrevista con El Cronista que: “Estamos trabajando en muchas reformas. Queremos juicios rápidos y en plazos casi matemáticos”.
También menciona la necesidad de un control más estricto sobre los plazos procesales y la aplicación efectiva del sistema de enjuiciamiento a nivel nacional.
Sobre la judicialización de la política, Libarona señala: “Yo se lo asigno a la enorme injerencia del poder político en la Justicia y todos sus ámbitos”. En respuesta a esto, su enfoque se centra en asegurar la independencia judicial y evitar la politización de los nombramientos judiciales.
En relación con la Inspección General de Justicia, Libarona tiene planes específicos: “A la IGJ hay que hacerla de nuevo”. Su objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia de este organismo.
El tema del autofinanciamiento del Poder Judicial también es abordado, con Libarona apoyando la idea de Milei de explorar opciones para que el Poder Judicial genere sus propios fondos, lo que potencialmente aumentaría su independencia.
Finalmente, Libarona aborda la crisis carcelaria, destacando la necesidad de una mejor gestión y posiblemente de la participación privada en ciertos aspectos de la administración penitenciaria.