La magistrada Karina Cabral remarcó que compartir o reenviar este tipo de contenidos por WhatsApp constituye un delito punible. Además, precisó que los padres de menores infractores afrontan responsabilidad civil e indemnizatoria por los daños ocasionados.
En diálogo con MEDIOS RIOJA, Karina Cabral, jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, alertó sobre los graves alcances penales y psicosociales del uso irresponsable de la inteligencia artificial (IA) para la generación y difusión de deepfakes sexuales (imágenes o videos adulterados con contenido explícito).
La magistrada precisó que este tipo de conductas no constituyen una «broma digital», sino delitos tipificados por el Código Penal argentino y marcos normativos como la Ley Olimpia (violencia digital). Según el encuadre legal, estas acciones pueden configurarse bajo la figura de pornografía infantil o lesiones graves, debido al impacto psicológico irreparable que causan en las víctimas.
Consecuencias penales y el rol de los padres
- Penas severas: El delito contempla penas de hasta 6 años de prisión, las cuales se incrementan a 8 años si la víctima es menor de 13 años.
- Imputabilidad en adolescentes: Los menores de edad a partir de los 14 años pueden recibir penas privativas de la libertad según el régimen penal aplicable.
- Responsabilidad civil: Los padres o tutores legales de menores que cometan estas infracciones son civilmente responsables y deben responder económicamente para indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios generados.
Reenviar por WhatsApp también es un delito
Un punto central remarcado por Cabral es la punibilidad de toda la cadena de distribución digital:
«El solo hecho de reenviar una imagen ya es punible. Quienes crean, comparten, poseen o reenvían este tipo de material por redes sociales o grupos de WhatsApp están incurriendo en una conducta prevista con pena.»
Situación local y panorama global
Aunque hasta el momento La Rioja no registra denuncias penales formales por deepfakes sexuales, en jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se repite un patrón claro: imágenes de adolescentes sexualizadas mediante IA que luego son comercializadas o difundidas masivamente.
A nivel mundial, las estadísticas registran más de 1,2 millones de menores afectados por este flagelo. Las consecuencias psicológicas en las víctimas son devastadoras, abarcando desde cuadros severos de depresión hasta intentos de suicidio —caso por el cual se impulsó a nivel nacional la Ley Ema—.
Llamado a la denuncia y prevención escolar
La jueza enfatizó que la intervención de la Justicia requiere indispensablemente la presentación de la denuncia formal:
- ¿Dónde y quiénes pueden denunciar? Cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia o circulación de este contenido digital está habilitada para realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales o judiciales.
- Educación en las aulas: Cabral instó a implementar de manera urgente capacitaciones continuas en los establecimientos educativos sobre ciberacoso y violencia digital, para concientizar a los estudiantes sobre el uso responsable de las herramientas tecnológicas y las implicancias legales de sus actos.